Con una plantilla “fuertemente envejecida”, con el 40% de los empleados públicos de la Administración General a las puertas de la jubilación hasta el año 2030, y en medio de la revolución que supone la irrupción de la Inteligencia Artificial en la gestión de los recursos públicos, la Junta asume como reto prioritario atraer el talento joven para completar con éxito la transición hacia la digitalización de su relación con los ciudadanos.

El Parlamento andaluz aprobó el pasado mayo la nueva Ley de Función Pública que ha sustituido a la norma que llevaba en vigor desde 1985 y que se plantea como reto constituirse como un instrumento de modernización para lograr un empleo público de calidad, cualificado, eficiente y comprometido con la realidad social, que suponga el definitivo paso d e la Administración al siglo XXI.  

La Junta define esta transformación como "un cambio radical". Y para abordarlo se ha dotado de un plan de recursos humanos, aprobado el pasado octubre por el Consejo de Gobierno tras su negociación con los sindicatos, que guíe este proceso de remodelación hasta el año 2030 y que estará enfocado a impulsar un sistema de acceso y provisión de plazas más ágil y certero, así como a la atracción de nuevos perfiles profesionales menos administrativos, más dinámicos y con capacidad de adaptación a la nueva realidad que imponen las nuevas tecnologías.

En este documento, la Junta realiza una detallada radiografía sobre el empleo público de la Administración General, que cuantifica en más de 42.000 trabajadores, funcionarios y personal laboral, en las diferentes consejerías, consejos, agencias administrativas y de régimen especial del sector instrumental. El sector público es un reflejo fiel del envejecimiento progresivo que experimenta la población. Buena parte de sus empleados forman parte de la generación del baby boom, los nacidos entre finales de la década de los 50 y la primera parte de la de los 70, y entraron en la Administración a finales de la década de los 80 y a lo largo de los 90, años en los que se desarrolló la estructura actual del Estado de las Autonomías y el Estado del bienestar.

La plantilla, por tanto, está “altamente envejecida”, como lo evidencia que en el año 2021 el 71,3% de los trabajadores públicos, fueran funcionarios o personal laboral, tenían una edad superior a los 50 años, casi ocho puntos porcentuales por encima de la media nacional, que se encuentra en el 64%. Entre éstos, el grueso se concentra en la franja de edad de entre 51 y 60 años, que suponen el 49,4% del total, por el 43,5% de la media nacional. Esto implica que la plantilla de la Administración andaluza está más envejecida que la de la Administración General del Estado en 7,3 puntos porcentuales, y que apenas el 1,6% de los trabajadores públicos tienen menos de 35 años.

Las limitaciones en las tasas de reposición de puestos públicos por las sucesivas crisis económicas tienen buena parte de culpa en la merma de empleados públicos y en que la edad de acceso estos puestos en Andalucía se haya retrasado en la última década más de siete años, al pasar los 29 años que tenían de media quienes accedían a un puesto en la Administración a los 36 años consignados en el último estudio de la Consejería.

Con estos datos, la Administración tiene la previsión de que entre 2022 y 2030 más del 40% de sus empleados se jubilen. Según los cálculos de la Consejería de Justicia, de cada tres personas que dejen su puesto, uno será personal funcionario y dos serán personal laboral, con especial incidencia en los subgrupos C1 y A1 y los Grupos III y V. Las consejerías de Educación, con el 37,37%, y la de Igualdad, con el 13,06%, son las dos áreas que más personal perderán por alcanzar la edad legal para poder retirarse. La mayoría será en centros de trabajo o centros periféricos (residencias de personas asistidas y de mayores, centros de día, menores, empleo…) escuelas, bibliotecas, equipos de orientación educativa.

La previsión que establece la Administración destaca una especial incidencia de las jubilaciones a partir de 2025, cuando frisará los 2.000 empleados menos, que a partir de 2028 serán más de 2.400 hasta alcanzar los 2991 retiros en 2030. Un salto notable puesto que en 2022, se produjeron apenas 448 bajas por edad entre personal funcionario y laboral.

Para combatir el envejecimiento de los empleados públicos, el plan elaborado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública prevé desarrollar programas para atraer a jóvenes que puedan aportar savia nueva a la Administración.

Sólo el 21% de los jóvenes quiere ser funcionario

Para su diseño, la Junta elaboró una encuesta sobre la percepción de los servicios públicos por parte de la ciudadanía. Entre sus conclusiones, llama la atención que pese a la creencia generalizada de que las primeras opciones de los jóvenes andaluces está la de ser funcionario, sólo el 21% de los menores de 25 quieran serlo y que el 79% de los menores de 25 años no vean en la Administración una alternativa de empleo, con independencia de que tuvieran empleo.

Asimismo,  destaca la visión del empleo público como refugio. Así, la Administración constata que el nivel educativo no tiene mucha influencia entre las personas que quieren orientar su carrera hacia el sector público, al tiempo que éste es más valorado entre quienes tienen una experiencia laboral previa, frente a las que se incorporan al mercado laboral por primera vez, ya que las principales ventajas que encuentran son los mayores derechos laborales, la mayor seguridad en el empleo y las mejores posibilidades para conciliar vida personal y laboral.

 A esto se añade otra conclusión llamativa: la mayoría de los encuestados (52%) entienden que la Administración no atrae a los mejores profesionales y consideran que esto está motivado porque es el actual sistema de selección de personal está obsoleto y debe ser modificado para que se evalúe de manera conjunta los conocimientos y la titulación requerida para un puesto junto a otras cualificaciones para desarrollarlo, como la experiencia, la capacidad de adaptación a nuevas situaciones o al trabajo en equipo.

Plan de comunicación y estudiantes en prácticas

Con el reto de construir una función pública atractiva, moderna e innovadora, el plan de recursos humanos se plantea como primer objetivo estratégico atraer a personas con alta cualificación. Y detalla un programa de actuación que contempla un plan de comunicación que permita dar a conocer el trabajo de la Administración y prestigie la tarea de los empleados públicos, así como la difusión de las ofertas de empleo público y otras necesidades de personal a través de los medios de comunicación y redes sociales.

Asimismo, la Administración tiene prevista la realización de seminarios o jornadas en los diferentes centros educativos (universidades, institutos de Enseñanza Secundaria y ciclos formativos de FP) y colegios profesionales para dar a conocer el trabajo que se realiza en la Administración General de la Junta de Andalucía. En ellos, pretende que el personal empleado público muestre su trabajo diario y los proyectos en los que desempeñan sus funciones.

Para profundizar en ese acercamiento de la realidad del empleo público, el plan de recursos humanos también se abre a la formalización de convenios de colaboración transversales con los centros educativos para incorporar a estudiantes en prácticas, que puedan conocer así de primera mano las posibilidades profesionales que ofrece la Administración y romper con el distanciamiento que detecta que existe entre los jóvenes y el trabajo público.

A esa tarea de prestigiar el valor del empleo público, la Junta pretende sumar a las organizaciones sindicales, a las que planteará actividades para mejorar la imagen del empleado público que tiene la sociedad y el propio colectivo, potenciando las oportunidades de desarrollo profesional que la nueva ley de función pública permite.

Para todo ello, la Consejería plantea como crucial contar con una web única del empleo público específica y actualizada que sirva como punto de partida para el reclutamiento. En la web se incluirá la información institucional, de las campañas de información y las actuaciones que se realizan de cara a su difusión entre la ciudadanía.