Los funcionarios de Justicia protestan en Algeciras contra la implantación “precipitada” de los tribunales de instancia: "Es un caos organizativo"

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha celebrado este miércoles una concentración en la Plaza de la Constitución de Algeciras para protestar contra la implantación de los tribunales de instancia, una reforma organizativa derivada de la ley de eficiencia del sistema judicial que, según advierten, está provocando un "caos organizativo" sin precedentes.

Desde la organización sindical denuncian que la medida se ha impuesto “de manera precipitada, sin negociación real y sin dotación de medios humanos y materiales imprescindibles”. Según explican, la supresión del modelo tradicional se ha llevado a cabo sin planificación ni formación previa, generando problemas de trabajo que recaen directamente sobre los trabajadores y perjudica al servicio público.

El sindicato sostiene que la reforma ignora la realidad de unas plantillas “infradotadas” y con cargas de trabajo insostenibles. Asimismo, señalan la ausencia de formación, periodos transitorios y adaptación de los sistemas informáticos y de los espacios que deben albergar a los funcionarios.

Uno de los puntos más críticos es la situación del Palacio de Marzales, que estuvo cerrado desde el pasado 4 de febrero. Según una resolución reciente de la Junta de Andalucía, el edificio ha sido reabierto con vallado perimetral y marquesinas de protección para evitar daños personales por posibles desprendimientos. El sindicato denuncia que el inmueble ha sido calificado como ruinoso y ha sido objeto de varias denuncias ante la Inspección de Trabajo.

Los representantes sindicales aseguran que el traslado de actividad desde el Palacio de Marzales ha provocado la suspensión de numerosos juicios en los últimos días, celebrándose solo algunos de manera puntual. Además, advierten de que la implantación completa del nuevo sistema prevista para el 31 de marzo sigue sin concretarse, con escasa información sobre la redistribución del personal.

“Todo se está haciendo sobre la marcha: no hay aplicaciones informáticas adecuadas, no se ha formado al personal ni se han previsto los cambios organizativos”, denuncian.

La nueva normativa elimina los juzgados tal como se conocían hasta ahora y los sustituye por unidades organizadas en Servicios Comúnes de Tramitación, Ejecución y Servicios Generales, en los que se integrará el personal funcionario. El sindicato considera que esta transformación estructural se está aplicando sin los recursos necesarios ni garantías organizativas.

El colectivo insiste en que su protesta busca denunciar la falta de negociación y exigir una implantación planificada que garantice condiciones laborales dignas y un funcionamiento eficaz del servicio público de Justicia.