El PSOE pide al secretario del Ayuntamiento de Algeciras que declare de oficio como "no adscrito" a Landaluce

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Algeciras ha solicitado formalmente al secretario general de la Corporación que inicie de oficio el procedimiento para declarar al alcalde, José Ignacio Landaluce, como concejal "no adscrito", tras su decisión de causar baja en el Partido Popular (PP), formación por la que concurrió a las elecciones municipales de 2023.

La petición -firmada por la portavoz socialista, Rocío Arrabal, con fecha del día 15- se fundamenta en el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) y en la legislación vigente en materia de régimen local, que regulan las consecuencias del abandono voluntario de la formación política en cuya lista fue elegido un concejal. En el escrito, el PSOE sostiene que la denominada “suspensión provisional de militancia motu proprio”, anunciada públicamente por el propio alcalde, no existe en los estatutos ni en la normativa interna del PP.

Según argumenta el grupo socialista, la suspensión temporal de militancia solo puede acordarse por los órganos competentes de un partido político tras la incoación de un expediente disciplinario, circunstancia que, según ha reconocido la propia formación popular, no se ha producido. Por ello, el PSOE entiende que la decisión comunicada por Landaluce debe calificarse jurídicamente como una baja voluntaria y definitiva del PP, con independencia de una hipotética intención futura de reincorporación.

Los socialistas inciden en que Landaluce no se presentó a las elecciones como independiente, por lo que no cabe la figura del “independiente sobrevenido”

El escrito recuerda que el artículo 3.3 del ROM de Algeciras es “meridianamente claro” al establecer que la baja definitiva de un concejal en la formación electoral con la que concurrió a los comicios conlleva automáticamente su salida del grupo municipal correspondiente, siempre que la denominación de este coincida con la utilizada en la candidatura electoral. Esta previsión, subraya el PSOE, responde al principio de preservación de la voluntad popular expresada en las urnas, de acuerdo con la Ley de Bases del Régimen Local.

Los socialistas inciden en que Landaluce no se presentó a las elecciones como independiente, por lo que no cabe la figura del “independiente sobrevenido”, que no está contemplada ni en la legislación electoral ni en el ROM. En este sentido, recalcan que los ciudadanos votan listas cerradas y bloqueadas, vinculadas a un proyecto político concreto, y que el abandono voluntario de dicho proyecto tiene consecuencias jurídicas claras.

Jurisprudencia del TSJA

La petición se apoya también en jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha reiterado que la adscripción política original de los representantes electos es un elemento esencial del sistema representativo y que el abandono voluntario del partido o candidatura con la que concurrieron a las elecciones convierte a los ediles en concejales no adscritos, sin derecho a constituir un nuevo grupo.

El PSOE pide que se declare su condición de concejal no adscrito, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, que tendrá lugar el viernes, 19 de diciembre

El PSOE señala como antecedente la situación del propio Landaluce en el Senado, donde, tras causar baja en el PP, ha abandonado igualmente el Grupo Popular, considerando incoherente que no se aplique el mismo criterio en el ámbito municipal, más aún cuando el ROM del Ayuntamiento de Algeciras es, según indican, incluso más estricto que el reglamento de la Cámara Alta.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista solicita que se requiera al portavoz del Grupo Municipal Popular y a la dirección nacional del Partido Popular la certificación que acredite la baja definitiva de Landaluce como afiliado, y que, una vez constatada, se declare su condición de concejal no adscrito, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, que tendrá lugar el viernes, 19 de diciembre. Además, reclaman que se apliquen todas las consecuencias jurídicas, políticas y económicas previstas para esta condición, advirtiendo de que no descartan acudir a los tribunales si no se atiende su solicitud.