Desigual seguimiento en el Campo de Gibraltar a la protesta de jueces y fiscales contra la reforma judicial del Gobierno

Los jueces y fiscales del Campo de Gibraltar han secundado este martes a las 12:00, de manera desigual, el paro simbólico de diez minutos convocado a nivel nacional por las principales asociaciones judiciales y fiscales de España para mostrar su rechazo a los proyectos de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, actualmente en tramitación parlamentaria.

En Algeciras, la concentración ha tenido lugar ante a la sede judicial de la ciudad, donde en torno a una quincena de jueces, fiscales y otros operadores jurídicos se han sumado a las movilizaciones celebradas simultáneamente en todo el país.

En La Línea, una treintena de personas se han concentrado ante los juzgados, siendo la mitad de los asistentes policías nacionales ya jubilados. Han estado también presentes una juez y una letrada de la administracióin de justicia, así como varios abogados, procuradores y el inspector jefe de Fronteras de la Policía Nacional D.B.

En San Roque han secundado el paro los tres jueces de los juzgados de primera instancia e instrucción, junto a abogados, procuradores y personal funcionario de la administración de justicia.

La protesta ha sido convocada por cinco asociaciones: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

El colectivo judicial ha mostrado así su oposición a unas reformas que, según las asociaciones convocantes, suponen un riesgo para la independencia judicial y la imparcialidad del Ministerio Fiscal. Las entidades sostienen que los textos legislativos previstos aumentan el riesgo de politización de ambas carreras y debilitan valores fundamentales del Estado de derecho.

Entre sus críticas, destacan que las reformas pretenden concentrar el poder en el Fiscal General del Estado, restringen la participación democrática en órganos de gobierno y favorecen el acceso arbitrario a puestos clave, en detrimento de los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad.

Además de la retirada inmediata de los proyectos legislativos, los convocantes reclaman más recursos humanos en la administración de justicia y garantías efectivas de independencia para jueces y fiscales.

Las asociaciones denuncian también la falta de diálogo por parte del Ejecutivo y el uso del procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria, lo que consideran una muestra de desconfianza institucional y falta de transparencia.

Este paro podría ser la antesala de futuras movilizaciones más contundentes, incluida una posible huelga, si no se retiran las reformas planteadas por el Gobierno.

Tensión política en el Congreso

El paro de jueces y fiscales también ha llegado este miércoles al Congreso de los Diputados durante la sesión de control al Gobierno. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, acusó al Ejecutivo de querer controlar el acceso a la carrera judicial con estas reformas.

En respuesta, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió que se está impulsando "la mayor transformación de la justicia en décadas". Según explicó, su departamento está abordando la reforma de una estructura judicial "del siglo XIX" y de una Ley del Poder Judicial que "tiene 40 años".

Bolaños expresó su "respeto a los jueces y magistrados que han secundado ese paro y a los que no lo han secundado", y reconoció que estos cambios pueden generar recelo. No obstante, defendió que "todas las reformas de calado fueron inicialmente rechazadas y hoy son grandes consensos", planteando que el dilema actual en la Justicia es "reforma o inmovilismo".