Algeciras da el primer paso para implantar dos zonas de bajas emisiones en el casco histórico y el Llano Amarillo con tres años de retraso

El Ayuntamiento de Algeciras ha dado el primer paso formal para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con la licitación de la consultoría y asistencia técnico-jurídica para redacción del proyecto, procedimiento que actualmente se encuentra en evaluación. El contrato también contempla la adaptación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y de la normativa municipal a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

La licitación cuenta con un presupuesto base de 48.713,06 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución fijado es de tres meses tras la firma del contrato. El Ayuntamiento ha explicado que "una vez adjudicado, se realizará el proyecto, que tiene una duración de tres meses, y una vez aprobado conforme a la norma vigente, se procederá a la licitación de las actuaciones para la implantación de la ZBE". El Consistorio no especifica fechas concretas, a pesar de que la Ley 7/2021 de Cambio Climático obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a contar con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que incluya al menos una ZBE desde el 1 de enero de 2023.

Dos áreas delimitadas: casco histórico y Llano Amarillo

El pliego técnico define el ámbito sobre el que se articulará la futura ZBE, dividida en dos zonas contiguas que abarcan el centro histórico de la ciudad -centro, barrio de La Caridad y San Isidro- y el frente portuario del Llano Amarillo, además de la calle Capitán Ontañón.

La Zona 1, correspondiente al centro histórico, ocupa una superficie aproximada de 37 hectáreas. Incluye el interior del perímetro formado por la avenida Virgen del Carmen —entre Segismundo Moret y la glorieta con la prolongación de la avenida Blas Infante—, la propia avenida Blas Infante y Fuerte de Santiago hasta la Plaza de Andalucía, continúa por las calles Ruiz Zorrilla y Patriarca Pérez Rodríguez hasta la glorieta de la estación para enlazar con San Bernardo y Segismundo Moret. El perímetro incluye todo el centro de la ciudad, incluido el barrio de San Isidro.

La Zona 2, con una extensión de 9,23 hectáreas, comprende el ámbito del Llano Amarillo, el tramo bajo de la avenida Blas Infante hasta Periodista José Luis Tobalina y la parte peatonal de la avenida Capitán Ontañón.

Ambas áreas quedan delimitadas por viales perimetrales por los que se permitirá la circulación de los vehículos no autorizados, un requisito imprescindible según la normativa estatal que regula las zonas de bajas emisiones.

Obligación legal y falta de medios propios

El expediente incluye un informe de necesidad, firmado el 18 de septiembre de 2025 por el jefe de servicio de Movilidad, que argumenta la necesidad de recurrir a una consultora externa porque el Ayuntamiento "no dispone de medios técnicos especializados para abordar la redacción del proyecto". Según el texto, "la novedad de la figura de las ZBE en el ordenamiento jurídico y la ausencia de una unidad técnica específica en la actual Relación de Puestos de Trabajo del Consistorio hacen inviable que los servicios municipales asuman esta tarea, lo que justifica la contratación externa como una prestación concreta y puntual".

Alcance del contrato

El pliego establece cuatro grandes bloques de trabajo que deberá desarrollar la empresa adjudicataria. El primero es la redacción del proyecto técnico de la ZBE-Centro, que deberá ajustarse a los requisitos del Real Decreto 1052/2022 e incluir la delimitación definitiva, el diagnóstico de la contaminación, objetivos cuantificados de reducción, medidas de restricción y mitigación, sistema de control de accesos, memoria económica y un plan de comunicación.

En segundo lugar, el contrato contempla la modificación del PMUS, incorporando la ZBE al planeamiento de movilidad mediante estudios específicos, al menos 15 aforos manuales de tráfico y peatones, inventarios de viales y un análisis que permitan desarrollar nuevas propuestas tanto dentro de la zona como en su entorno inmediato.

El tercer bloque servirá como base para futuras licitaciones, con la elaboración de los informes técnicos y borradores de pliegos para contratar el suministro y la instalación y gestión de los sistemas necesarios: cámaras de lectura de matrículas, sensores de calidad del aire, paneles de información, la red de comunicaciones, una plataforma de gestión, una aplicación para móviles y un portal web.

Por último, la asistencia externa deberá prestar apoyo para la redacción de una nueva ordenanza única de movilidad, que unifique y actualice la normativa municipal vigente, regule de forma detallada la ZBE —accesos según distintivo ambiental de la DGT, excepciones, calendario de restricciones y régimen sancionador— y minimice el denominado “efecto frontera” en los barrios colindantes.

Hoja de ruta

Una vez entregado el proyecto definitivo, el Ayuntamiento deberá aprobar formalmente la ZBE-Centro y la modificación del PMUS, tramitar la nueva ordenanza de movilidad y sacar a concurso las obras y suministros necesarios para su puesta en marcha. La inversión estimada para esta fase posterior ronda los 450.000 euros, destinados fundamentalmente a tecnología y equipamientos.

La memoria del proyecto

El proyecto inicial de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones de Algeciras aporta un diagnóstico del tráfico y del modelo de ciudad que se busca. Recuerda que el municipio cuenta con 122.368 habitantes (en 2022, tras el último padrón son 126.589 habitantes) y un parque móvil cercano a los 84.000 vehículos, con más de 61.000 turismos registrados y un crecimiento sostenido de matrículas, lo que la sitúa entre las ciudades con mayor densidad de coches de la provincia. A esto se suma su papel como gran ciudad de paso hacia el Estrecho y la Costa del Sol, con un flujo constante de conductores foráneos que no conocen la normativa local, lo que obliga a reforzar el control de accesos y la señalización.

La memoria subraya que la ZBE‑Centro "no se plantea como una prohibición del uso del coche", sino como una medida para corregir tendencias antes de llegar a niveles graves de contaminación. El Ayuntamiento opta por un modelo de ZBE tipo “núcleo” en torno al casco histórico y el Llano Amarillo, siguiendo las directrices del Ministerio, y recomienda estudiar en el futuro una evolución hacia un modelo “anillo”, añadiendo zonas de transición alrededor del centro para evitar que el tráfico acabe saturando los barrios limítrofes.

En cuanto a la regulación, el criterio básico será el distintivo ambiental de la DGT, pero las restricciones podrán ajustarse por horarios, episodios de contaminación o grandes eventos en el centro. Se contemplan franjas horarias con mayor limitación, protocolos específicos cuando se superen determinados umbrales de calidad del aire y cierres puntuales al tráfico no esencial en fiestas, conciertos u otras actividades con mucha presencia peatonal.

El proyecto detalla también que podrá seguir entrando en la ZBE bicicletas y patinetes, vehículos de residentes empadronados en su interior, coches con etiqueta 0 y ECO, vehículos de personas con movilidad reducida, servicios públicos esenciales (policía, bomberos, emergencias, limpieza, residuos, mantenimiento municipal), transporte público, taxis y VTC con origen o destino en la zona, así como vehículos que accedan a garajes privados o plazas de aparcamientos para residentes. Motos y ciclomotores con distintivo ambiental podrán circular en el horario que fije la ordenanza, y se prevén autorizaciones puntuales en casos justificados.

Un aspecto relevante es la integración de los tres aparcamientos privados del centro (Hispano, frente a la estación de autobuses; Interparking Mercado y Sur de Europa, en la calle Trafalgar) con la plataforma de la ZBE. Sus sistemas enviarán los datos de entradas y salidas para anular las sanciones a los vehículos que solo entren en la zona para aparcar, y la ocupación se mostrará en paneles.

Para sustentar todo esto, el Ayuntamiento proyecta una fuerte inversión tecnológica: nuevas cámaras de lectura de matrículas y aforos, más estaciones de calidad del aire y ruido, la actualización de los 50 semáforos que hay en toda la ciudad y un centro de control único en la Jefatura de la Policía Local. Sobre esta base se construirá el sistema de listas blancas y negras, autorizaciones online y multas automáticas de 200 euros por acceso no autorizado, con conservación de las pruebas gráficas durante tres años. El objetivo, según la memoria, es una implantación gradual, apoyada en datos y con capacidad sancionadora efectiva tras el periodo de adaptación.

El proyecto inicial contempla la instalación de 24 cámaras: 11 de entrada -dos de ellas para controlar el acceso al aparcamiento del Llano Amarillo-, 10 de salida -una para el Llano- y tres para controlar los accesos a la plaza de San Isidro.

Normativa

La Ley 7/2021 de Cambio Climático obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a contar con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que incluya al menos una ZBE. Según el artículo 14.3, ciudades como Algeciras ya deberían haber implantado su ZBE desde el 1 de enero de 2023. Aunque ni la Ley 7/2021 ni el posterior Real Decreto 1052/2022 contemplan multas directas para los ayuntamientos que retrasen la implantación, existen efectos indirectos: se pueden ver condicionadas ayudas estatales o europeas, y ONG o particulares podrían recurrir judicialmente la inacción municipal, como ya ha ocurrido en otras ciudades.

Plazos

Según el proyecto municipal, la obligación de llevar el distintivo ambiental de la DGT comenzará seis meses después de la aprobación formal de la ZBE por el Pleno. Una vez en funcionamiento el sistema de control de accesos y cámaras, el acceso no autorizado se considerará infracción leve, con una sanción de 200 euros. El calendario de implantación aún no está detallado por años ni por tipo de distintivo (como sí ocurre en La Línea, donde entrará en vigor en febrero tras un periodo informativo), algo que se concretará en la futura ordenanza de movilidad/ZBE tras la aprobación del proyecto técnico y del PMUS modificado.