El Ayuntamiento de Algeciras ha logrado la aprobación del Ministerio de Hacienda para acogerse de nuevo al fondo de ordenación para el pago de sentencias en contra. Se trata de un instrumento puesto en marcha por el Gobierno central en 2014 para ayudar a las entidades locales en peor situación económica, que les permite suscribir préstamos a bajo tipo de interés. En este caso, autoriza al Consistorio a contratar casi 8,4 millones de euros, en los que se incluyen los 1,26 para pagar el acuerdo con los propietarios del edificio Escalinata de Murillo.

El Consistorio había solicitado en septiembre su adhesión de nuevo a fondo de ordenación para obtener liquidez mediante la concertación de operaciones de préstamo a bajo tipo de interés con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el objetivo de saldar las deudas que tiene que abordar en el año 2020. Por un lado había solicitado una cantidad para el abono de sentencias y, por otro, un importe para la refinanciación de préstamos. 

Hacienda ha contestado ya al primer requerimiento, el de las sentencias. Lo ha anunciado la concejal delegada de Hacienda, María Solanes, durante el debate económico, criticando al tiempo al viceportavoz socialista, Fernando Silva, por "ir de asustaviejas a los beneficiarios del fondo de ordenación para el pago de sentencias, a los que les ha dicho que no les íbamos a pagar. Ya tenemos la adhesión al fondo". "Se monta usted una película. Era el Ministerio el que lo decía en su informe condicionado", ha respondido Silva.  El pago del acuerdo con los propietarios del Edificio Escalinata de Murillo se llevará 1,26 millones de este nuevo fondo de ordenación. El Tribunal Supremo dictaminó en 2017 que Ayuntamiento de Algeciras y Nautagest tenían que indemnizar de forma solidaria a los vecinos del caso Escalinata por los gastos originados al tener que abandonar sus viviendas, declaradas en ruina, por los daños causados por las obras del parking del mismo nombre. El Consistorio llegó posteriormente a un acuerdo con los vecinos para el pago de esos 1,26 millones de euros (acuerdo que no incluyó a Nautagest). 

También se abonarán 602.752 euros a un particular y 94.087 a la empresa KNA en concepto de intereses de una expropiación. Otra expropiación a un particular, en este caso de los terrenos del entorno del consultorio del Cobre -construido por la Junta de Andalucía en los años 80-, supondrá la contratación de un préstamo de 1,4 millones de euros. Esta última cantidad se añadió a la petición inicial de 11,2 millones tras conocerse la sentencia.

El Ayuntamiento también ha solicitado financiación para otras dos sentencias que están recurridas en casación ante el Tribunal Supremo, en previsión de que los recursos sean rechazados y tenga que hacer frente a las sentencias. La primera de ellas es a favor de Urbe 2000 Grupo Inmobiliario Andaluz por una venta de suelo en Pajarete y supondría 3,16 millones de euros. Hijos de Antonio Bandres y otros recibiría 1,78 millones de euros por una expropiación en la calle Agustín Bálsamo.