El Ayuntamiento de Algeciras recurre de nuevo al Estado para reestructurar su deuda financiera y hacer frente al pago de sentencias en contra. El Pleno ha aprobado hoy la solicitud de adhesión al denominado fondo de ordenación, un instrumento puesto en marcha por el Gobierno central en 2014 para ayudar a los entidades locales en peor situación económica. En este caso, el Consistorio solicita del fondo 11,2 millones de euros para refinanciar siete préstamos bancarios, hacer frente al vencimiento de los préstamos del plan de pago a proveedores y afrontar el coste de varias sentencias firmes, entre ellas la del caso Escalinata. La petición sale adelante con los votos de los socios de gobierno, PP y Cs, y el concejal no adscrito.

Con su adhesión al fondo de ordenación el Ayuntamiento obtiene liquidez mediante la concertación de operaciones de préstamo a bajo tipo de interés con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el objetivo de saldar las deudas que tiene que abordar en el año 2020. Este tipo de operaciones tienen un interés que ronda el 0,70%, muy alejado de hasta el 5% que el Ayuntamiento está pagando en algunos préstamos bancarios.

Entre los débitos que se incluyen destaca por su importe el pago de sentencias: 6,9 millones de euros. De ellos, 1,26 se destinarán al fin a la ejecución de la última sentencia sobre el caso Escalinata, la que compensa a los propietarios del edificio Escalinata de Murillo por los gastos que han tenido que abordar a consecuencia de las obras del parking, que provocaron la ruina del inmueble. También se abonarán 602.752 euros a un particular y 94.087 a la empresa KNA en concepto de intereses de una expropiación.

Aparte, el Ayuntamiento solicita financiación para otras dos sentencias que están recurridas en casación ante el Tribunal Supremo y con el recurso pendiente de admisión, pero sobre las que prevé que podrían ser declaradas firmes en 2020. La primera de ellas es a favor de Urbe 2000 Grupo Inmobiliario Andaluz por una venta de suelo en Pajarete y supondría 3,16 millones de euros de coste al Ayuntamiento. Hijos de Antonio Bandres y otros recibiría 1,78 millones de euros por una expropiación en la calle Agustín Bálsamo.

En cuanto a los préstamos, se quiere abordar los vencimientos de siete suscritos con distintas entidades bancarias por un importe de 3,15 millones de euros. Por otra parte, se solicita financiación (1,2 millones) para hacer frente al préstamo del plan de pago a proveedores, mediante el que el Ayuntamiento concertó un crédito con el ICO para saldar la deuda que tenía con las empresas suministradoras de bienes y servicios.

Con esta refinanciación de la deuda mejora la situación económica del Consistorio, que se marca el objetivo de "reducir la deuda a largo plazo cada día un poco más", ha destacado la concejal delegada de Economía y Hacienda, María Solanes, tras el Pleno. La edil también ha resaltado la mejoría en el periodo medio de pago a proveedores después de la concertación de otra operación del fondo de ordenación a finales del pasado año: en agosto se pagó a las empresas en un plazo medio de 35 días "y vamos a bajar por debajo de  los 30", ha asegurado.

Al pago de sentencias se destinan 6,9 millones, mientras 4,3 son para vencimientos de préstamos bancarios y del plan de pago a proveedores

En el mismo sentido, el otro socio de Gobierno, Cs, ha considerado "prudente y necesaria" esa adhesión al fondo de ordenación, un instrumento que, según ha recordado el teniente de alcalde de Comercio, Sergio Pelayo, ha servido para pagar a los proveedores.

Para el PSOE, en cambio, el Ayuntamiento "llama a las puertas de papá Estado con más frecuencia de la deseada". Su portavoz, Juan Lozano, ha recordado que esta es la segunda ocasión en la que el Consistorio acude al fondo de ordenación para suscribir préstamos este año, con lo que calcula una deuda bancaria de en torno a 230 millones cuando se concierten los nuevos 11 millones de préstamo. "Por eso le pedimos que trabajen, que nos presenten actuaciones que solucionen la situación económica del Ayuntamiento. Dejen de jugar a dar patadas al balón", ha exigido. "Hasta ahora hemos puesto a cero 8 veces el contador con los proveedores sin conseguir cumplir los plazos de pago, llevando a algunos a una situación límite", apunta.

En la misma línea se ha expresado también el portavoz de Adelante Algeciras, Javier Viso. "Estos fondos son una medida de rescate porque ha habido una gestión económica que no ha sido la adecuada", ha remarcado. Y "van a crear un perjuicio a la ciudad, todo préstamo conlleva algún tipo de interés". Por ello, al igual que Lozano, reclama "tomar medidas" para evitar seguir acrecentando el endeudamiento.   

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha argumentado que con este tipo de operaciones se consigue rebajar el pago de intereses en operaciones antiguas que los tienen muy por encima de la situación actual del mercado. Pero también ha apuntado que una parte de esos préstamos se conciertan para hacer frente "a sentencias que ustedes -el PSOE- no resolvieron en su época". Además, ha remarcado, "no hay ningún Ayuntamiento que se pueda acoger que no lo haya hecho para ordenar sus deudas".

Solanes ha aportado datos al respecto: hay 21 ayuntamientos en la provincia de Cádiz acogidos al fondo de ordenación y más de 1.400 en todo el país tienen préstamos suscritos. Pero además, "en deuda por habitante vamos por debajo de muchos socialistas, la carga fiscal media está por debajo de la estatal y la solvencia a corto plazo muy por encima". 

La propuesta ha salido adelante con los 16 votos del PP, Ciudadanos y el no adscrito, Jorge Domínguez. PSOE y Adelante han votado en contra y Vox se ha abstenido. Ni Vox ni el no adscrito han intervenido en el Pleno. 

El Ministerio de Hacienda tendrá que evaluar ahora la petición del Ayuntamiento. Esta no llega sola: el Consistorio ha realizado una modificación del plan de ajuste en el que está inmerso desde 2012 para ajustar los gastos a los nuevos préstamos, pero sin tener que incluir ninguna medida adicional, apuntan fuentes municipales. Hacienda evaluará la documentación aportada para aprobar o no la solicitud del Ayuntamiento. La inclusión en el fondo de ordenación, por otra parte, supone que el Ministerio supervise y pueda ejecutar actuaciones de control sobre la situación económica del Consistorio.