El Pleno del Ayuntamiento de Algeciras ha aprobado este lunes con los votos a favor del grupo popular y de la edil no adscrita Elena Abad la adhesión municipio al Fondo de Ordenación para recibir 22 millones de euros con los que atenderá la deuda con los proveedores, que a partir del jueves quedará a cero. La deuda comercial, con un tipo de interés al 5%, pasará a pagarse en 20 años al 0,75%. Mientras que el equipo de gobierno defendió que esta operación supondrá un importante ahorro para las arcas municipales y aliviará a los proveedores, la oposición criticó que de esta manera aumentará la deuda viva del Consistorio.

Con esa cantidad, el Ayuntamiento afrontará un largo listado de deudas con pequeñas y medianas empresas y algunas grandes por todo tipo de servicios y suministros. El municipio está desde hace meses en el podio de entidades locales que más tardan en pagar a sus proveedores (casi un año según el último dato) y la única opción para rebajar el plazo a los 30 días de máximo legal decidió solicitar al Ministerio de Hacienda el pasado mes de octubre –también tras su aprobación por el Pleno– un nuevo crédito facilitado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Fue el asunto más relevante de un pleno en el que también se aprobó una transferencia de crédito de cerca de tres millones de euros, 1.145.000 para atender los pagos por nuevos servicios prestados en ayuda a domicilio y en centros de día y 1,7 para atender el primer pago de un total de 8 millones de un préstamo que se amortizará en cinco años, con lo que se pagarán menos intereses. En este punto la oposición también criticó que del presupuesto de 2018 se caen varias inversiones previstas para atender estos dos pagos. El teniente de alcalde responsable de Hacienda, Luis Ángel Fernández, afirmó que esas inversiones están previstas en las cuentas para 2019 y que espera que se lleven a cabo.

En estos dos puntos, que se llevaron a la sesión por motivos de urgencia, generaron un intenso debate a cuenta de la gestión municipal del actual equipo de gobierno (PP) y del anterior (PSOE-IU).

Los partidos de la oposición criticaron que el Ayuntamiento se haya acogido al Fondo de Ordenación para pagar la deuda con sus proveedores. Alejandro Gallardo, de Algeciras Sí Se Puede, calificó esta medida de “dar una patada hacia delante” y Fernando Silva, portavoz del PSOE, recordó que se trata de deudas de los cuatro últimos años en gasto ordinario. “2018 pasará a la historia como el año en el que más creció la deuda viva del Ayuntamiento. Ustedes dicen que el contador va a quedar a cero, lo mismo que dijeron en 2012 con el plan de pago a proveedores. Han pasado ocho años con ustedes en la Alcaldía y estamos mucho peor en cuanto a deuda y prestación de servicios”, relató Silva, que criticó que la deuda viva se “dispara” con este tipo de financiación y que la “nefasta gestión económica” del actual equipo de gobierno “hipoteca a las futuras corporaciones”.

Luis Ángel Fernández se defendió de la acusación de Ignacio Holgado (Ciudadanos) de que la adhesión al Fondo de Ordenación era una “imposición” del Ministerio de Hacienda. “Lo hacemos porque consideramos importante cumplir los parámetros económicos. Damos todos los datos a la Cámara de Cuentas y al ministerio. El PSOE dejó 158 millones de euros en facturas y nosotros lo vamos a dejar a cero. Aunque se pidió con el anterior gobierno central, la aprobación definitiva de la solicitud a la adhesión la ha firmado la actual ministra de Hacienda (María Jesús Montero, del PSOE) con sentido de estado y respeto institucional. Pero el PSOE de Algeciras está peleado con el mundo”, explicó Fernández.

En la sesión celebrada ayer también se rechazó la alegación presentada por el PSOE a la modificación de las ordenanzas fiscales de 2019, mientras que la que presentó Ciudadanos para la realización de un nuevo mapa fiscal de la ciudad fue retirada por Ignacio Holgado ante el compromiso del equipo de gobierno de tener en cuenta su propuesta. El grupo municipal socialista sostiene que la modificación de la tasa por recogida de basura “no cumple la ley”, ya que la reforma legal “obliga a que se convierta la tasa de basura en una prestación patrimonial”, por lo que sostiene que se debe tramitar una ordenanza propia para este gravamen.

Luis Ángel Fernández respondió que el punto de vista del PSOE es “insostenible jurídicamente”. Fernando Silva insistió al equipo de gobierno que admitiera “que exista una duda fundada y razonada” y pidió que la modificación se quedara sobre la mesa ante la posibilidad de “arriesgar 7,2 millones de ingresos por un aumento de tasas que puede ser nulo de pleno derecho”. Finalmente la modificación de las ordenanzas fiscales salió adelante con los votos a favor del equipo de gobierno y de Elena Abad y entrarán en vigor el 1 de enero.

El Pleno también ratificó el decreto de Alcaldía sobre la ampliación de tres meses del plazo para resolver la resolución de contrato del servicio de transporte colectivo urbano y aprobó la revisión de precios del contrato de conservación, mantenimiento e instalación de la señalización vertical, horizontal y balizamiento en la ciudad.