Vía Augusta
Alberto Grimaldi
La conversión de Pedro
La Federación de Asociaciones de Vecinos Fapacsa vuelve a alzar la voz ante lo que considera un nuevo episodio de "desprecio institucional" hacia la ciudadanía algecireña. En febrero de 2026, se cumplirán dos años desde que el Ministerio para la Transición Ecológica publicara en el BOE la resolución desfavorable de la evaluación ambiental del Plan Director de Infraestructuras del Puerto Bahía de Algeciras: un proyecto que pretendía ganar a la Bahía más de 500.000 metros cuadrados mediante la prolongación de Isla Verde hacia el Parque Natural del Estrecho y la playa de Getares. Sin embargo, la Autoridad Portuaria ha solicitado ahora una prórroga de esa misma resolución desfavorable, una decisión que, para Fapacsa, resulta tan inesperada como inquietante.
La federación recuerda que el informe ambiental rechazó la alternativa elegida por la APBA por su potencial impacto "significativo" sobre especies en peligro de extinción, sobre la integridad de la Red Natura 2000 y sobre espacios naturales protegidos. El Ministerio también alertó de afecciones directas a la población por contaminación acústica y atmosférica, así como de consecuencias sobre la calidad de las aguas de baño y las playas. Un diagnóstico que, a juicio del movimiento vecinal, "dejaba sin margen" la continuidad del Plan Director. Por ello, no entienden que la Autoridad Portuaria pida ahora más tiempo para un documento que, precisamente por ser desfavorable, bloquea la aprobación del plan. "La pregunta es simple", insisten: “si no sirve para seguir adelante, ¿por qué se quiere mantener viva su vigencia?”.
En Fapacsa temen que la respuesta esté en un posible intento de recuperar el proyecto "por la puerta de atrás", impulsándolo mediante una decisión política que esquive tanto el rechazo ministerial como la oposición vecinal. Recuerdan que los rellenos en la Bahía han dejado tras de sí una larga estela de consecuencias: playas desaparecidas como El Chorruelo, Los Ladrillos o el Barranco, la degradación del Chinarral y El Rinconcillo, alteraciones en las corrientes, turbidez permanente, aguas sucias en dársenas sin capacidad de renovación y niveles de ruido y contaminación por encima de lo que la salud pública puede soportar. A ello se suman —denuncian— la pérdida de biodiversidad, la sedimentación que afecta a zonas como Crinavis o Isla Verde, la práctica extinción de la actividad pesquera y un golpe sostenido al atractivo turístico de la ciudad.
A pesar de estos daños acumulados, la federación vecinal subraya que las sucesivas ampliaciones del puerto no han revertido los altos índices de desempleo en la zona. "Todo para alimentar un modelo basado en el tráfico de contenedores en transbordo, que ocupa grandes superficies, genera poco empleo y puede marcharse en cualquier momento a otro puerto", lamentan. Con esa premisa, consideran incomprensible que la APBA "siga aferrada a destruir la Bahía a toda costa" cuando su propio balance socioeconómico en la ciudad es cuestionado incluso por los vecinos.
El malestar no es nuevo: más de 5.000 personas firmaron en apenas unos días, en enero de 2020, su rechazo frontal al proyecto. Un documento que fue entregado personalmente al presidente de la Autoridad Portuaria y que, para Fapacsa, "sigue sin haber recibido respuesta más allá de una continuidad obstinada en el mismo camino". La federación afirma sentirse nuevamente "engañada y ninguneada", y anuncia que ya ha solicitado explicaciones tanto al Ministerio como a la propia APBA para conocer el motivo real de esta prórroga.
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