La defensa de la psicóloga del Ayuntamiento de Algeciras ve un posible conflicto de intereses en el recurso al caso de las oposiciones a la Policía Local

La defensa de la psicóloga municipal del Ayuntamiento de Algeciras María Victoria del Águila ha expresado este lunes su confianza en que la Audiencia Provincial desestime el recurso de apelación anunciado este mismo lunes por el Consistorio y confirme el archivo de la denuncia interpuesta en su día por la entidad local contra la empleada pública.

El comunicado apunta a un posible conflicto de intereses al señalar que el letrado municipal que firma el recurso tendría vínculos familiares con una de las personas señaladas en las denuncias internas. "Es primo hermano del funcionario miembro del tribunal y la persona a la que María Victoria del Águila señaló como presunto autor de las presiones y el acoso", sostiene la nota. Para la defensa de Del Águila, la actuación municipal es "una larga campaña de acoso y represalia contra una empleada pública que se atrevió a denunciar graves irregularidades", añade.

El gobierno local de Algeciras denunció a la psicóloga en 2025 por presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa, basándose en una supuesta alteración arbitraria de los criterios de evaluación psicológica en las pruebas de acceso al cuerpo policial que se celebraron en 2022. El asunto se archivó en primera instancia al no encontrarse indicio alguno de criminalidad en un auto que, además, apuntaba a que esta llevó a cabo su labor "bajo la mirada y presión [...] por parte de los miembros del tribunal calificador y de miembros del Ayuntamiento". Una afirmación rechazada por el Consistorio en su recurso.

La defensa de la psicóloga recuerda que la Fiscalía no solicitó nuevas diligencias ni pidió la continuación del procedimiento tras la práctica de las ya acordadas. La defensa sostiene que el auto consideró acreditada la inexistencia de indicios de delito y que su finalidad fue evitar la apertura de juicio oral sin base suficiente.

Entre los argumentos expuestos, la defensa indica que la psicóloga había denunciado previamente presiones y acoso en el desempeño de sus funciones mediante un burofax remitido en diciembre de 2022 a la Alcaldía. También se menciona la intervención de la Oficina Andaluza Antifraude, que le otorgó la condición de informante protegida y emitió requerimientos al Ayuntamiento para que cesara el hostigamiento.

El texto añade que el Ayuntamiento habría aportado documentación incompleta al juzgado y que algunas decisiones adoptadas durante el proceso selectivo, como modificaciones en criterios de evaluación en otras pruebas, no fueron objeto de denuncia. También se menciona la actuación de una psicóloga sustituta que revisó evaluaciones y cuya posterior evolución profesional se presenta como elemento de contexto.

"La defensa de María Victoria del Águila lamenta profundamente que se sigan utilizando recursos públicos para sostener una causa penal sin fundamento, en lugar de investigar las graves irregularidades denunciadas por la funcionaria, cuando se ha tardado tres años en denunciar, y solo se hace en puertas a la celebración de un juicio contencioso administrativo que evaluará la legalidad o no de la citada oposición", concluye.