El Ayuntamiento de Algeciras recurre el archivo del caso de las oposiciones a la Policía Local y reprocha a la jueza que hable de “presiones”

El Ayuntamiento de Algeciras ha dado un nuevo paso en el proceso judicial abierto a raíz de las oposiciones a la Policía Local celebradas en 2022. Los servicios jurídicos municipales han presentado un recurso de apelación contra el auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad, que acordó el sobreseimiento y archivo de la denuncia interpuesta por el Consistorio contra una psicóloga municipal.

Según una nota difundida este lunes por el Ayuntamiento, la denuncia se basaba en “presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa por una supuesta alteración arbitraria de los criterios de evaluación psicotécnica” aplicados a aspirantes declarados aptos. El Ayuntamiento, que se personó como parte perjudicada, sostiene que existen indicios documentales que deben ser investigados con mayor profundidad.

Un archivo que el Consistorio considera “prematuro”

Según el informe elaborado por el letrado municipal José Carlos Lara Barrientos, el auto de fecha 4 de febrero de 2026 decreta el archivo tras estimar un recurso de reforma de la defensa de una de las investigadas. Sin embargo, los servicios jurídicos municipales discrepan de la decisión judicial.

En el recurso de apelación presentado al amparo del artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Ayuntamiento argumenta que el archivo es “prematuro” y adolece de una motivación insuficiente. A su juicio, la instructora no agotó diligencias esenciales como la práctica de una pericial judicial psicométrica que permita determinar si se produjeron alteraciones graves e injustificadas de los percentiles recogidos en los manuales técnicos de referencia de la Editorial TEA.

Además, el Consistorio subraya que el propio Ministerio Fiscal interesó continuar la instrucción, al entender que era necesario seguir investigando los hechos antes de adoptar una decisión definitiva.

Reproche por las alusiones a “presiones”

Uno de los puntos más sensibles del recurso es el reproche expreso a que el auto judicial incorpore consideraciones sobre supuestas “presiones” o posibles “recompensas” a la funcionaria investigada.

El Ayuntamiento recuerda que esas presuntas presiones fueron denunciadas por la propia psicóloga ante la Oficina Andaluza Antifraude y que la Fiscalía archivó dichas manifestaciones al no apreciar indicios de conducta penalmente relevante. Por ello, considera improcedente que se introduzcan esas afirmaciones para fundamentar el archivo de la causa.

Los servicios jurídicos municipales sostienen que, de existir algún indicio verosímil en ese sentido, lo procedente habría sido profundizar en la investigación y no cerrar el procedimiento. Asimismo, rechazan que pueda hablarse de “favorecimiento” o “premio”, al tratarse de un proceso extraordinario de estabilización derivado de la Ley 20/2021, de carácter general y objetivo.

El origen del conflicto

El origen remoto del procedimiento se sitúa en un recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato de Oficios Varios del Campo de Gibraltar de la CGT de Andalucía contra una resolución de la Alcaldía por la que se nombraban funcionarios de carrera en la Policía Local.

En el marco de ese procedimiento, el letrado jefe de los servicios jurídicos municipales detectó presuntas irregularidades vinculadas a la actuación de dos psicólogas colaboradoras del tribunal calificador, especialmente en relación con los informes técnicos determinantes para declarar a aspirantes como “aptos” o “no aptos”.

Según el informe municipal, tras reclamaciones internas y el testimonio de la otra psicóloga participante en el proceso, se habrían reconocido modificaciones de criterios con finalidad perjudicial en determinadas evaluaciones. Estos hechos motivaron la denuncia penal y la incoación de un expediente disciplinario.

Defensa cerrada del tribunal

Desde el Ayuntamiento se insiste en que el tribunal calificador es un órgano colegiado compuesto exclusivamente por “técnicos de alto nivel”, con amplia trayectoria profesional, y en el que “no existe ni se permite intervención política alguna”.

El equipo de Gobierno ha reiterado su “total e incondicional apoyo” a los miembros del tribunal, que han solicitado amparo municipal ante la “injustificada situación de acoso” que aseguran estar padeciendo tras la emisión de comunicados por parte de determinadas formaciones políticas y la publicación de informaciones que consideran sesgadas.