CSIF y CGT denuncian irregularidades del Ayuntamiento de Algeciras por pagar un máster privado a dos empleados sin convocatoria pública

Las secciones sindicales de CSIF y CGT en el Ayuntamiento de Algeciras han denunciado este miércoles lo que consideran un uso arbitrario de fondos públicos para financiar un máster universitario privado en Psicología General Sanitaria a dos funcionarios municipales, una psicóloga y un agente de la Policía Local. El coste de esta formación asciende a 30.000 euros, sufragados íntegramente por el Consistorio, tal y como desveló Europa Sur.

Según ambos sindicatos, la selección de los beneficiarios se ha realizado sin convocatoria pública, sin criterios objetivos y al margen del procedimiento que exige la normativa municipal. La decisión fue aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado 19 de mayo, pero no fue sometida al dictamen de la Junta de Personal, órgano competente para valorar este tipo de propuestas y emitir el informe preceptivo, lo que a juicio de CSIF y CGT vulnera el proceso legal establecido.

Los representantes sindicales consideran especialmente grave que no se haya ofrecido esta oportunidad de formación a otros funcionarios que ocupan plazas de psicología en el Ayuntamiento. “La discrecionalidad con la que se ha actuado supone un agravio comparativo hacia el resto de empleados municipales, que no han podido optar a esta formación en igualdad de condiciones”, señalan en un comunicado.

Además, recuerdan que el Convenio Colectivo establece un procedimiento específico para solicitar ayudas por estudios universitarios, con unos plazos y requisitos concretos que tampoco se habrían respetado en este caso. “Ni siquiera se ha seguido el protocolo para conceder becas de matrícula del 100% para títulos oficiales. Y estos másteres, además, son títulos de posgrado, que requieren un trámite aún más riguroso”, han denunciado.

El jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento ha defendido la legalidad del procedimiento invocando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como un artículo del régimen laboral de los funcionarios que contempla la posibilidad de financiar estudios universitarios. Sin embargo, para CSIF y CGT, ni se han respetado esos principios ni se ha seguido el procedimiento interno, lo que hace que toda la actuación esté bajo sospecha.

Ambos sindicatos ya han solicitado acceso al expediente completo y estudian interponer acciones judiciales. También han exigido que este asunto se incluya por la vía de urgencia en el orden del día de la próxima Junta de Personal y Comité de Empresa, prevista para el próximo 26 de mayo.