Un escándalo en Algeciras

EL pasado día 14, el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Algeciras difundía un comunicado en el que este mostraba su rechazo a una información publicada esa misma jornada por Europa Sur, en la que informábamos de que el equipo de Gobierno se proponía pagar dos másteres privados por valor de 30.000 euros a dos trabajadores municipales, una decisión no amparada por el convenio colectivo municipal. El texto no contenía firma alguna, con lo que no puede entenderse otra cosa que se trata de la postura oficial del Consistorio.

El citado comunicado no negaba el titular de la noticia –“El Ayuntamiento de Algeciras plantea el pago de dos másteres privados pese a no estar amparado por el convenio”– debido a que el abono de dichos másteres consta en el orden del día de la junta de gobierno local de mañana, 19 de mayo, y porque las titulaciones de postgrado no figuran entre las ayudas al estudio de las que disfrutan los empleados del Ayuntamiento y sus familias. A pesar de ello, el equipo de gobierno tildaba de “infundado” el titular, añadiendo a renglón seguido que “genera incertidumbre en la ciudadanía, al basarse en una interpretación errónea y carente de contraste técnico y jurídico”.

Los responsables municipales defendían en el citado texto que el pago de esos 30.000 euros respondía a “la necesidad estratégica de contar con personal cualificado en la especialidad de Psicología General Sanitaria, en previsión de nuevas funciones y perfiles vinculados a los Departamentos de Personal y Policía Local”, tras haber sido “analizada técnicamente” conforme a los criterios de “eficacia, planificación de recursos humanos y autoorganización administrativa”.

¿Ha habido por parte del Ayuntamiento un ofrecimiento dirigido a todos los funcionarios habilitados para hacer el máster o la elección de los elegidos ha sido discrecional?"

También subrayaba la solvencia académica de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) –algo que este periódico no ha puesto en duda en momento alguno– y rechazaba de plano, como sí interpretamos –haciéndonos eco de la opinión de empleados municipales– que el objetivo del gobierno local sea “habilitar a funcionarios afines al gobierno local” o “apartar de funciones a otros empleados”. “Tales afirmaciones, anónimas y sin prueba alguna, no solo carecen de veracidad sino que atentan contra la imagen del personal técnico y político, así como del propio Ayuntamiento, cuya actuación se encuentra sometida en todo momento a la legalidad vigente, conforme al principio de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, recogido en el artículo 103 de la Constitución Española”, indicaba.

En el mismo sentido, continuaba el comunicado, “afirmar que ha existido discriminación es no solo temerario, sino profundamente irresponsable”. “Este tipo de informaciones, distorsionadas y no contrastadas, únicamente sirven de cortina de humo, promovidas por intereses personales o políticos, que lejos de buscar la mejora del servicio público, persiguen el desgaste institucional y la erosión reputacional del Ayuntamiento y de sus empleados públicos”, sentenciaba de forma pretenciosa y grosera.

Muy bien, siguiendo el consejo del forense, vayamos por partes. En el caso que nos ocupa y como subraya el comunicado municipal y el informe técnico en el que se “justifica” y propone el pago de los másteres, las ayudas al estudio se regulan por el artículo 18 del convenio colectivo, donde se dice textualmente: “Los empleados de este Ayuntamiento que cursen estudios universitarios percibirán el 100% de la matrícula”. Ahora bien, dichas ayudas deben ser solicitadas entre los meses de enero a marzo, mediante instancia oficial y documentando el pago previo por parte de los beneficiarios, no por adelantado, como ocurre en el caso de los dos másteres, que empezarán a cursarse el próximo junio. Es más, “el pago de estas ayudas se abonará en el mes de abril de cada año”, se especifica en el convenio. Así se ha hecho durante los últimos años, como corroboran las actas municipales.

En el mismo texto regulador de las relaciones laborales, en su artículo 44, reza que “el empleado público podrá acceder a la realización de cualquier curso, respetándose el principio de igualdad de oportunidades y debiéndose hacerse pública la relación de solicitantes con anterioridad a la celebración de los mismos”. ¿Ha habido por parte del Ayuntamiento un ofrecimiento dirigido a todos los funcionarios habilitados para hacer el máster o la elección de los elegidos ha sido discrecional? La respuesta parece clara si tenemos en cuenta que tampoco, como dice el artículo 44.6, se ha llevado a cabo un informe previo de la Comisión de Formación, que “confeccionará el baremo de los méritos profesionales necesarios, la capacidad e idoneidad adecuadas para realizar el curso”.

“Los cursos de formación organizados o promovidos por el Ayuntamiento”, como es el caso y según el convenio, “deberán ser trasladados en el menor tiempo posible a la Junta y Comité de Personal o Delegados de Personal para su posterior difusión a todos los empleados municipales del Ayuntamiento de Algeciras”. Por supuesto, tampoco ha sucedido esto. A ello se une que, como indicamos el pasado miércoles, hay funcionarios que se han interesado, a través de diversas vías, por la posibilidad de acceder a ayudas municipales para realizar másteres y la respuesta ha sido negativa.

Pero vayamos a una cuestión básica: ¿Por qué el Ayuntamiento de Algeciras abona estos másteres a dos de sus funcionarios si es una medida fuera del convenio y, hasta la fecha, además, no había pagado ese tipo de estudios a ningún otro funcionario municipal? El gobierno municipal jusitfica el abono de los dos másteres universitarios habilitantes de Psicología General Sanitaria en la necesidad de contar con personal para realizar y evaluar las pruebas psicotécnicas de las oposiciones de ingreso a la Policía Local. ¿Acaso el Consistorio no cuenta ya en la plantilla con psicólogos habilitados en esa especialidad, que podrían encargarse de esas oposiciones, sin que ello suponga un coste añadido para las arcas municipales? Respuesta: sí, tiene más de uno. Por tanto, en vez de adjudicar a dedo los dos másteres, ¿por qué el equipo de gobierno no convoca un concurso entre los posibles aspirantes que forman parte del cuerpo de funcionarios y se hace una selección con criterios objetivos de baremación y selección?

Un decreto por aprobarse

Seguimos. Indica el expediente administrativo (no iniciado por el alcalde ni por el concejal correspondiente, sino por un funcionario, lo cual en sí mismo es ya irregular) que el pago de los dos másteres se justifica ante el inminente cambio normativo que afectará al ingreso, promoción interna, movilidad y otras formas de provisión de puestos, dentro del sistema de acceso y promoción del cuerpo de la Policía Local. Es decir, se basa en un proyecto de decreto, no vigente, que puede ser finalmente modificado en sus términos actuales o no aprobado en la forma que aduce el informe. De hecho, la tramitación del borrador de decreto por parte de la Junta de Andalucía está paralizada desde noviembre de 2024, tras un periodo de información pública, lo cual puede hacer pensar que existen debates internos sobre el texto final aprobado, que probablemente se verá afectado por algunas modificaciones.

Es más, el argumento de que se pretende que las pruebas psicológicas de las oposiciones, en especial a la Policía Local, se hagan con las debidas garantías cae por su peso si tenemos en cuenta que, en las últimas y recientes oposiciones al cuerpo, las pruebas han sido realizadas por psicólogos que no disponen de la habilitación en Psicología General Sanitaria, salvo uno de ellos. Y ello, a pesar de que en la plantilla municipal hay otros funcionarios que sí están habilitados.

Para más inri, hace apenas dos meses se incorporaron a la plantilla municipal dos psicólogas (BOP Cádiz, 16 marzo de 2025). Bien, pues aunque una de ellas ya tiene el citado máster habilitante –al igual que otros compañeros con dilatada experiencia– la segunda es una de los dos psicólogos escogidos para cursarlo ahora… con cargo al presupuesto del Ayuntamiento.

En cuanto al otro psicólogo designado por el Gobierno municipal para abonarle el estudio de postgrado, no ostenta ni plaza ni puesto de trabajo como tal en el Ayuntamiento. Se trata de un policía local con el grado de Psicología, aunque difícilmente puede ser considerado como funcionario psicólogo. Por esa razón no podría evaluar unas oposiciones, salvo que se prevea de forma anticipada que se le va a asignar una plaza o un puesto de trabajo de psicólogo, algo contrario a derecho ya que esa plaza o puesto debería salir a oposición.

En todo caso los psicólogos que asistirán al tribunal no pueden estar preseleccionados, sino que deben ser elegidos por el alcalde correspondiente cuando se convoque la prueba, sin que el funcionario que propone la medida ahora tenga poder de selección alguno o capacidad para anticiparse al criterio del regidor.

La ley exige, además y para garantizar la limpieza de las oposiciones, que los tribunales de estas sean elegidos ad hoc para cada proceso, sin que sea posible que siempre los integren los mismos funcionarios. Por ello, la preselección de dos para participar en el tribunal de oposición a la Policía Local –ya conocida públicamente– podría provocar perversiones del sistema, así como posibles conflictos de intereses al saberse que tal o cual funcionario, al que algunos podrían “aproximarse”, serán miembros de un tribunal de oposición.

Plazos de antemano

El funcionario que firma el expediente argumenta que, como el máster dura 18 meses y se inicia en junio, los dos psicólogos contarán a finales de 2026 con la habilitación necesaria y podrá iniciarse nueva selección de policías a comienzos de 2027, justo antes de las elecciones municipales de mayo de ese año.

Pregunta: ¿Por qué demorar la cobertura de esas plazas a esa fecha, hasta que los dos elegidos estén habilitados –y si es que aprueban sus másteres– si la necesidad de contar con más policías locales ya existe y es posible que, de aquí a 2027, haya más vacantes por jubilaciones, excecencias, etc? En la Oferta de Empleo Público de 2024, de hecho, ya se aprueban siete plazas de policía local. Y para otros puestos en el Consistorio también hay oposiciones en marcha.

Por todo lo dicho, la cuestión de fondo sigue sin respuesta, a tenor los argumentos ofrecidos por el Ayuntamiento de Algeciras a través del expediente que pretende dar paso a costear los dos másteres y del desafortunado comunicado de réplica a esta redacción. ¿Por qué no pueden evaluar a los aspirantes a policías locales los psicólogos de la actual plantilla municipal?

Pocos y lamentables precedentes hay de que responsables de una institución pública hayan rebasado los límites de sus atribuciones para pasar al insulto a la prensa"

El problema no es que un medio de comunicación ponga sobre la mesa las intenciones de unos responsables públicos, sean del color político que sean, en el ejercicio del derecho a la información avalado por la Constitución, o que recurra a fuentes municipales confidenciales para exponer de manera veraz la realidad. El verdadero problema, con dimensiones de escándalo, es que los responsables de una institución como el Ayuntamiento de Algeciras pongan en solfa, con argumentos tan fácilmente rebatibles como se ha expuesto, el trabajo riguroso de los profesionales de la información, de los de este periódico y, por extensión, de otros medios, a los que el gobierno local invitaba en ese comunicado oficial a “ejercer su labor desde el respeto, la responsabilidad y el rigor informativo”.

Resulta llamativo que un Consistorio como el de Algeciras, que acumula denuncias ante el Consejo de Transparencia de Andalucía, que confunde a diario el periodismo con la publicidad y el trabajo duro con la proyección de la mera imagen personal de algunos de sus integrantes, ose en descalificar de forma tan burda el trabajo de los periodistas y afirme que este responde a “intereses personales o políticos”. Qué barbaridad. ¿Quiénes desgastan realmente al Ayuntamiento de Algeciras y erosionan su reputación? Pocos y lamentables precedentes hay de que responsables de una institución pública hayan rebasado los límites de sus atribuciones para pasar al insulto a la prensa. Queda la esperanza de que no todos los miembros del equipo de gobierno suscriban esas acusaciones y que más de uno sea ajeno e ignore las prácticas de contratación en materia de personal.

Así pues, sin cuestionar la cualificación profesional de los dos funcionarios elegidos para hacer los másteres con cargo al dinero de todos, se hace obligado que el delegado municipal de Personal del Ayuntamiento de Algeciras responda a las cuestiones subrayadas líneas atrás “en aras de la transparencia, el rigor informativo y el respeto al funcionamiento institucional”, tal y como recogía textualmente el citado comunicado del Ayuntamiento. Aún está a tiempo de volver sobre sus pasos.