El nuevo CIE de Algeciras arrancará con una ocupación reducida por motivos de seguridad

El nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras comienza a dar pasos firmes hacia su apertura. El Gobierno ha confirmado que la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior está elaborando las correspondientes órdenes ministeriales necesarias para la entrada en funcionamiento de las instalaciones, en las que se han invertido 21.577.241 euros.

Así lo ha señalado el Ejecutivo en una respuesta escrita a una pregunta parlamentaria de Vox, recogida por Europa Press, en la que precisa que, con el objetivo de “garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de las instalaciones y ofrecer una calidad óptima”, el centro iniciará su actividad con una ocupación reducida de personas internas durante los primeros meses.

El Gobierno explica también que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ya ha comunicado oficialmente a todas las regiones policiales el inicio de actividades del centro, un paso administrativo clave que confirma que el CIE se encuentra en su fase final previa a la plena operatividad.

En cuanto a la construcción del complejo, el Ejecutivo detalla que la obra ha sido gestionada por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), dentro del Plan de Actuaciones en Infraestructuras en los Centros de Internamiento de Extranjeros. La inversión ejecutada asciende a más de 21,5 millones de euros, según la respuesta recogida por Europa Press.

El mayor CIE de España, aún sin fecha oficial de inauguración

Tal y como informó este periódico el pasado 6 de noviembre, el nuevo CIE de Algeciras —el más grande de España— inició entonces una fase de rodaje y pruebas previa a su inauguración, aunque sin que se comunicara una fecha concreta de entrada en servicio. La construcción del centro comenzó en junio de 2021 y el Gobierno preveía su apertura durante el primer trimestre de 2025, un calendario que finalmente no se ha cumplido.

El complejo cuenta con una capacidad máxima para 507 personas internas y más de 17.000 metros cuadrados de superficie construida. El proyecto, presentado en 2018, contempla siete edificios residenciales que permitirán distribuir a los internos por sexo, procedencia, nacionalidad y religión, además de eliminar las tradicionales habitaciones comunales para dar paso a estancias dobles con baño propio, una demanda histórica de organizaciones sociales.

Las instalaciones incluyen también espacios destinados a servicios sociales y ONG, áreas para visitas y entrevistas con abogados, salas de juegos y dependencias completamente equipadas. El proyecto ha contado con financiación de fondos europeos FAMI, que han cubierto hasta el 90% del presupuesto total, incluyendo obra, mobiliario, equipamiento de cocina, lavandería, oficinas y vestuarios.