Algeciras

Las carencias de los juzgados de Algeciras: edificios obsoletos, falta de seguridad y poco personal

El Palacio de Marzales, sobre el que el juez decano llama la atención por su mal estado de conservación. El Palacio de Marzales, sobre el que el juez decano llama la atención por su mal estado de conservación.

El Palacio de Marzales, sobre el que el juez decano llama la atención por su mal estado de conservación. / Jorge del Águila

El juez decano de Algeciras, Alberto Ruiz, ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un extenso informe sobre las necesidades más urgentes en cuanto a personal y medios materiales en los órganos judiciales del Partido Judicial de la ciudad. En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Sur, Ruiz reitera como en anteriores informes que la solución definitiva es que haya una única sede judicial y lamenta que cada año vuelve a exponer las mismas demandas y que el 90% de los problemas y necesidades expuestas en el documento no se solucionen. "Es todo un ejercicio de imaginación decidir como cada año vuelvo a escribir prácticamente lo mismo, cambiando un poco las palabras, para que no parezca que no me tomo en serio este informe, porque con un sencillo corta y pego lo tendría más que hecho", indica el juez decano. 

La principal demanda del Decanato es que en Algeciras hay cuatro sedes judiciales distintas en las que se distribuyen los 22 órganos unipersonales existentes: la sede del Decanato y Servicio Común, la Sección de la Audiencia Provincial de Cádiz, el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía, además de otros servicios como el Servicio de Atención a Víctimas (SAVA), sala de procuradores, de abogados, mediación, calabozos y dependencias de seguridad, etc. "Esta dispersión sigue siendo objeto de queja de los distintos colectivos profesionales al dificultar enormemente su trabajo, con graves molestias a los ciudadanos que han de relacionarse con los distintos órganos judiciales", expone en su informe. 

Derribo de la Audiencia

Sobre el anuncio de la inminente licitación de las obras que se van a realizar en el solar que ocupa la Sección de la Audiencia Provincial y los Juzgados de los Contencioso y lo Social, Ruiz recuerda que esta licitación "era ya inminente el año pasado, y el anterior, e imagino que lo seguirá siendo, aunque recientemente se volviera a anunciar en prensa que se acometería la reforma derribando todo el edificio actual, lo que constituyó una novedad con respecto a lo que nos habían informado antes". El juez decano indica que el pasado 11 de diciembre pidió una aclaración sobre esta novedad al delegado provincial de la Consejería de Justicia y a su arquitecto. Aún espera respuesta. "No voy a entrar a valorar proyectos que son castillos en el aire, y me ceñiré a la (triste) realidad", lamenta.

En cuanto al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que el pasado octubre comenzó a atender a todas las víctimas de la comarca al unificarse en él los asuntos de los partidos de Algeciras, La Línea y San Roque, Alberto Ruiz destaca que no se han tenido en cuenta las "múltiples carencias" de las instalaciones "aunque era algo que ya se sabía con mucha antelación, pero como de costumbre, pilló de sorpresa a todas las administraciones implicadas".

"Tampoco se han tenido en cuenta las carencias en materia de personal, ni se han atendido las constantes solicitudes de refuerzo realizadas por la titular del juzgado, tanto al TSJA, como a la Consejería, y con una plantilla disminuida y con unos medios materiales escasos, afrontan un volumen de trabajo intolerable, atendida la materia y la gravedad de la misma. Se nos viene diciendo que en breve se va a trasladar el juzgado a un inmueble alquilado en la zona centro de la ciudad, en tanto en cuanto se realizan las obras de adaptación de las actuales. En ningún momento se ha contado con los profesionales para valorar la idoneidad del inmueble y de sus instalaciones y por no saber no sabemos ni siquiera donde se localiza con exactitud", detalla el juez decano.

Según las informaciones que maneja Ruiz, una vez que acaben las obras en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en el edificio de Plaza de la Constitución, volverá a sus antiguas instalaciones y se trasladarán al edificio alquilado los juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Menores: "Parche sobre parche. Sobre todo cuando se nos dice que en un par de años podrían estar finalizadas las obras en la avenida Virgen del Carmen, y pasar a tener dos sedes, una penal y otra civil, por lo que no se entiende tanto movimiento absurdo de juzgados, con las molestias y perturbaciones que ello conlleva, cuando lo más fácil sería iniciar cuanto antes las obras y que los cambios de sedes a realizar fueran definitivos".

"Y no puedo dejar de insistir en que cualquier solución siempre será insuficiente, ya que la verdadera necesidad del Partido Judicial es la de contar con una única sede, amplia y moderna que aglutine a todos los órganos judiciales", enfatiza el representante de los jueces en la ciudad. 

Coronavirus

Alberto Ruiz considera que es un "verdadero milagro" que solo hayan sido unos pocos los contagiados de coronavirus en las dependencias judiciales porque "las medidas de seguridad han sido en todo punto insuficientes". El juez decano lamenta que no ha sido hasta hace unas semanas cuando todas las salas han contado con mamparas de seguridad y que siguen sin instalarse mamparas en muchas oficinas judiciales donde la atención al público es constante. "Tampoco se ha facilitado lo suficiente el uso de sistemas telemáticos para juicios, toma de declaraciones y otras actuaciones judiciales y, las pocas que se han hecho y se siguen haciendo, han sido más por la dedicación de los jueces que por las facilidades que se han dado desde las distintas administraciones, que, en muchos casos, sobre todo al inicio de la pandemia, pusieron palos en las ruedas a los intentos de los jueces de buscar soluciones al problema", destaca.

Situación de los edificios

El juez decano incide en la gravedad de los problemas que sufre el Palacio de Marzales, sede de los cinco juzgados de lo Penal. "Lo primero que debe decirse es que en todos los aspectos ese edificio es indigno de albergar en su seno juzgados de esa naturaleza, toda vez que su estado general de conservación es lamentable y las medidas de seguridad brillan por su ausencia. Es triste que tengan que ocurrir circunstancias como las tristemente acaecidas en un juzgado de Segovia (donde fue agredida una jueza por la falta de seguridad en el edificio), para que se adopten medidas. El arco de seguridad de la entrada, cuando funciona, es claramente insuficiente al no contar con escáner y también es insuficiente la dotación de Guardia Civil que presta servicio de seguridad", denuncia el magistrado. 

"Cuando se decidió hacerle hueco al quinto juzgado de lo Penal, parece ser que no se tuvo en cuenta que había que dimensionar las salas de vistas para su uso por cinco órganos distintos. Las existentes, aparte de mal acondicionadas en sistemas de grabación, son claramente insuficientes, lo que ha llevado a la suspensión de vistas y a que muchas se tuvieran que realizar en condiciones lamentables en salas en plena restauración y con medios defectuosos", cuenta Ruiz, 

En cuanto al edificio que alberga la Sección de la Audiencia Provincial y los juzgados de lo Contencioso, en la avenida Virgen del Carmen, el juez decano destaca que a la falta de espacio y de renovación del mobiliario, salvo en los juzgados de nueva creación, se une que el edificio tiene "un aspecto externo lamentable, necesita un remozamiento urgente, sobre todo de pintura, ya que en su estado actual, más que un edificio sede de organismos públicos, parece que está abandonado".

En este edificio, añade Ruiz, la entrada principal dispone de arco de seguridad pero no de escáner, "lo que hace que sea inútil el propio arco".

En la entrada trasera a los juzgados de lo Social, añade Ruiz, no hay ni arco de seguridad ni escáner. "Una alarmante falta de seguridad y con un personal de la Guardia Civil que hace lo que puede con el escaso número de efectivos con los que cuenta. El edificio de Plaza de la Constitución, en el que se ubica el grueso de órganos judiciales y no judiciales, sigue disponiendo de un único ascensor, claramente insuficiente, sobre todo en caso de avería", enumera.

El mobiliario en general de las instalaciones del edificio de Plaza de la Constitución, denuncia el juez decano,  está "obsoleto y muy deteriorado". "Durante este último año no ha habido ninguna renovación. Pero algunos sillones de las las salas de vistas continúan en mal estado. La gran mayoría de estores y persianas están en una situación lamentable. Los cuartos de baño, de uso común en los pasillos de Instancia e Instrucción necesitan una renovación urgente, tanto los sanitarios como las puertas y el edificio sigue necesitando, más si cabe, un remozado externo, a nivel de cerrar grietas, pintura, etc., y la planta de los juzgados de Primera Instancia sigue mojándose cuando llueve", denuncia. En este edificio solo el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5, el de más reciente creación, dispone de servicios propios y diferenciados de los de uso común.

Alberto Ruiz llama la atención sobre el hecho de que el personal de mantenimiento para los tres partidos judiciales del Campo de Gibraltar se reduce a una persona, "lo que provoca que algo tan simple como cambiar una persiana o arreglar una cerradura rota se demore semanas".

Palacio de Justicia

Sobre el Palacio de Justicia de la Plaza de la Constitución, el juez decano indica que en general presenta un aspecto exterior "descuidado y sucio, sin zonas ajardinadas ni infraestructura de aparcamientos, en definitiva, impropio de una ciudad de la importancia de Algeciras". En cuanto a la seguridad, explica que la entrada principal es la única que dispone de arco de seguridad y escáner y que la entrada a los juzgados de Violencia sobre la Mujer, al Registro Civil y a la sala de vistas que hay junto a ellos no tiene ni arco de seguridad ni escáner.

Ruiz recuerda al TSJA que aunque se instalaron cámaras de seguridad en el perímetro, han sido insuficientes para que no se repitan hechos como los que recientemente ocurrieron en diciembre en la parte trasera del edificio, donde al fiscal jefe de Algeciras le volvieron a rajar las cuatro ruedas de su coche, circunstancia que se ha vuelto a repetir este año a escasos metros del juzgado.

El juez decano indica que se ha instalado una barrera de seguridad en la entrada del edificio a las escasas plazas de aparcamiento vigiladas con cámaras que existen el su parte frontal, pero aún no están en funcionamiento: "A día de hoy no sabemos cuándo va a empezar a funcionar esa barrera. Ignoro cuál es el problema y por qué se dieron tanta prisa en instalarla y tan poca para ponerla en funcionamiento. Quizás alguna de las razones pudiera ser evitar polémicas con sindicatos de funcionarios que han expresado su disconformidad a que esas pocas plazas se reserven a jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia, únicos que tienen condición de autoridad y que pueden sufrir represalias en sus vehículos por las decisiones que se ven obligados a tomar por razón de su cargo, como tristemente se ha podido comprobar".

Plazas reservadas

Ruiz traslada al TSJA que esta polémica se podría evitar si desde la Consejería de Justicia se solicitara al Ayuntamiento que se reservaran algunas de las zonas de estacionamiento aledañas al edificio como Servicio Oficial del Juzgado, "facilitando con ello el estacionamiento de los muchos funcionarios que precisan desplazarse en sus vehículos diariamente para trabajar".

El representante de los jueces de Algeciras también pone el acento sobre el poco espacio que existe en las dependencias del Registro Civil: "Son claramente insuficientes, con muy poco espacio para atender el público y para archivar los libros. La necesidad de espacio es ya acuciante y propongo, a quien sea competente para tomar esa decisión, que se acondicione como archivo alguna de las habitaciones que actualmente se usan para almacenar expedientes que están siendo trasladados a zona franca". 

Otra de las carencias denunciadas por Ruiz es la presencia de un único vehículo oficial para todo el Partido Judicial, por lo que urge a que se asigne un nuevo coche para el al servicio común procesal de Algeciras con un conductor.

En cuanto al inmueble donde se ubican los Juzgados de Menores y Vigilancia Penitenciaria -en la calle Muñoz Cobos, detrás de la iglesia de la Palma-, el juez entiende que además de ser inapropiado para albergar servicios públicos, su uso puede derivar "graves riesgos para ciudadanos y funcionarios", ya que las escaleras son estrechas y empinadas. Además, no existe arco de seguridad ni escáner y "la vigilancia se limita a un agente de la Guardia Civil".

Otro de los problemas es que la sala de vistas del Juzgado de Menores es "minúscula, sin ningún tipo de acondicionamiento para la declaración de testigos protegidos; la sala de espera, además de muy pequeña, es compartida con el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, cuando se supone que debe garantizarse la intimidad de los menores; el espacio para archivo es claramente insuficiente".

Carencias de personal

En cuanto a la cobertura de personal funcionario, en casos de vacante o enfermedad, Ruiz recuerda que se afirmó que las bajas se cubrirían con prontitud, sin esperar a los dos meses habituales: "En la gran mayoría de los casos sigue sin cumplirse. Se sigue tardando demasiado en cubrir las bajas y vacantes de funcionarios con el consiguiente perjuicio para los juzgados, en especial para los Juzgados de Instrucción, que frecuentemente se ven literalmente bloqueados por macrocausas que precisan, como mínimo, que se mantenga la plantilla existente, cuando no, que incluso se refuerce".

El juez decano también reitera su reivindicación de que se dirija al órgano competente la petición para que se modifique el anexo de la Ley Reguladora de las retribuciones de jueces y fiscales, en lo que se refiere a la concreción de los grupos de población, para que se incluya a Algeciras en el grupo 3, "donde debe estar, tanto por carga de trabajo como por población, y con ello evitar la clara discriminación frente a otras poblaciones, tanto de la provincia como de fuera de ella".

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