El ataque yihadista contra Algeciras

El pasado 25 de enerose recordará como uno de los días más tristes para Algeciras, cuando durante la tarde, una persona sembró el terror y la angustia de gran parte de la ciudad tras intentar asesinar al párroco que decía misa en la parroquia de San Isidro y bajar seguidamente hasta la de la Palma, donde sí consiguió arrebatar la vida de una persona muy querida, que colaboraba como sacristán: Diego Valencia, al tiempo que hirió a otras varias.

Con posterioridad a ese día, existió inseguridad entre la población, ya que, personas como el presunto asesino -que se encontraba pendiente de expulsión a su país, Marruecos, desde junio de 2022-, causaban esa sensación al poder existir otras en las mismas condiciones y que pudieran realizar ataques similares. Y quienes presenciaron el asesinato padecen aún secuelas derivadas de la inquietud del momento sufrido.

Desde la detención de Yassine Kanjaa, de manera casi instantánea tras la comisión de esos hechos, la Audiencia Nacional encargada de la instrucción e investigación ha tenido que resolver peticiones de la defensa de Kanjaa -por cierto desde un bufete conocido de Madrid-, en las que se pedía que se declarase que no se trataba de un atentado terrorista, ya que, el presunto autor, conforme a informes periciales, presentaba síntomas de no hallarse en su plena capacidad cuando cometió el asesinato.

Desde ese instante, y constituida como acusación particular la familia del fallecido Sr. Valencia, quien me encomendó la dirección jurídica, en todo momento he mantenido en la causa que se trataba de un delito de terrorismo, ya que, una vez estudiada la documentación que se nos trasladó desde la Audiencia Nacional, se percibió que, pese a padecer trastorno psicótico el investigado, sí tenia pleno conocimiento de cuanto realizó aquel día. Y lo preparó de forma concienzuda unos dos meses previos a la comisión delictiva.

Felizmente, el juez instructor de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, dictó resolución el 5 de septiembre actual, una resolución en la que da por finalizada la instrucción del procedimiento, haciendo un resumen de las pruebas obtenidas: declaraciones de testigos, conversaciones con su madre, radicalización, lectura de actos terroristas en internet y ataques a iglesias en diversas ciudades europeas, concluyendo con que, a su juicio, se reúnen los requisitos para poder imputarle ese delito, sin perjuicio de la capacidad mental, que habrá de discernirse en juicio, y que, en su caso, podría reducir en parte la pena a imponer.

Pero, al margen de que se trata de un delito de terrorismo, el enfoque que se le dio en todo momento a este asunto ha sido en la defensa de los intereses de la familia Valencia, perjudicada, y personas heridas; y junto a ello, y pienso es importante, en la defensa de la sociedad algecireña. Durante cierto tiempo, Algeciras fue el foco de atención de medios de comunicación nacionales e internacionales, en los que se trataba de dar una idea equivocada de nuestra ciudad, donde residen miles de personas de origen árabe, haciendo hincapié en que la convivencia con el resto de ciudadanos era y es de lo más normal, sin que hayan existido precedentes ni hechos posteriores similares a este.

Y, pese a que hay personadas en la causa acusaciones populares, en número de siete, en cambio no lo han hecho ninguna de las instituciones de Algeciras y Campo de Gibraltar, perdiendo la oportunidad de dejar claro que se trataba de un hecho aislado y que se convive con personas de diversas nacionalidades de la manera más normal posible.

No obstante, es lo que se viene diciendo por quien les escribe. En el momento del juicio oral, a celebrar por cierto en pocos meses, y con la repercusión que ha de tener a todos los niveles, el buen nombre de nuestra ciudad resplandecerá como lugar de convivencia pacífica y se resaltará una vez más en tal momento.

Los ciudadanos de Algeciras merecen de una vez por todas que ondee su bandera en lo más alto del prestigio nacional. Y no ha de sonar su nombre solo por este hecho y otros negativos, debiendo realzarse -y ello incumbe a otras autoridades- las bellezas naturales con que cuenta, sus mares, gastronomía y la confianza que proporcionan las Fuerzas del Seguridad del Estado para que hechos como este no vuelvan a ocurrir.

Finalizo con la satisfacción que nos produce la resolución de la Audiencia Nacional ya comentada y que ha aceptado la calificación de esta parte, pese a las trabas con que se ha encontrado durante los pasados meses, hasta llegar a este momento.