Acaip-Ugt denuncia la precariedad médica en la cárcel de Algeciras

Los problemas de cobertura sanitaria continúan en el centro penitenciario de Botafuegos, en Algeciras. Según denuncia en una nota de prensa el sindicato Acaip-UGT, la cárcel de Algeciras no cuenta con subdirector médico y de las 10 plazas existentes de facultativos, tan solo están operativas tres. "Uno con más de 60 años, otro de más de 55 años y el último pendiente de coger una plaza en el sistema nacional de salud", explica el sindicato.

"El motivo no es único sino varios: plazas sin cubrir, excedencias e incluso renuncias. Para prestar la asistencia sanitaria a los más de 1.000 reclusos residentes, en Botafuegos la Dirección del Establecimiento ha contratado por la vía rápida, a un médico en horario parcial y para casos urgentes la telemedicina", relata.

"Desde Acaip-UGT Algeciras, en múltiples ocasiones y año tras año, denunciamos la actual problemática ante la Jueza de Vigilancia Penitenciaria, Defensor del Pueblo, Colegio de Médicos, Subdelegación del Gobierno, Inspección de trabajo provincial, al ministro Marlaska, que la situación es insostenible", continúa.

"Hace unos meses se anunció la contratación de nuevos interinos para paliar el problema, lo que no se dijo es que previamente iban a despedir a los que ya estaban trabajando por lo que el número no ha variado, sin embargo, el déficit aumenta año a año, y nada garantiza que las plazas se cubran", manifiesta.

De hecho, esto ya ha ocurrido. "El trabajo en un centro penitenciario es complejo y peor pagado que en el Sistema Nacional de Salud, por ello pocos médicos optan a las plazas ofertadas en las prisiones. Los facultativos en prisión tienen una importancia vital para el normal funcionamiento de los centros, deben atender a los internos a su ingreso y hacer una valoración clínica y cribado para evitar problemas de salud pública en el interior, como brotes de enfermedades infecciosas o parasitarias. Además, es imprescindible una detección precoz de enfermedades mentales y una correcta administración de fármacos. Por tanto, no se trata solo de la atención médica al recluso, sino que los médicos intervienen en muchos aspectos regimentales y de tratamiento de las personas privadas de libertad", explica.

El sindicato afirma que la población reclusa se caracteriza por tener elevados problemas de salud derivados de adicciones, o de una atención deficitaria en el exterior ya que, normalmente, se trata de personas poco sujetas al sistema, por lo que es prioritaria la atención médica inicial que no puede realizarse por sistemas como la telemedicina, sino que requiere de una atención personalizada y presencial.

"A modo de ejemplo, en el año 2021 tuvieron que ser atendidas 265.847 urgencias, casi veinte mil de las cuales vinieron derivadas de incidentes regimentales, además, el 43% de las altas en las camas de enfermería de los centros están relacionadas con patologías mentales, por lo que la supervisión médico-psiquiátrica es imprescindible como también es incomprensible que las prisiones no cuenten en su plantilla con la figura del psiquiatra".

"El colapso de la Sanidad Penitenciaria es cada vez más palpable, no se puede poner parches a un problema cuya solución pasa por el cumplimiento de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del sistema de salud, que, en su disposición adicional sexta, establece que las Comunidades Autónomas, en el plazo de 18 de meses, debían hacerse cargo de las transferencias sanitarias de prisiones. 20 años después tan solo Navarra las ha asumido junto con las comunidades que tienen las competencias en la gestión penitenciaria, Cataluña y País Vasco", apostilla.

"Desde ACAIP-UGT entendemos que la solución del problema pasa por un compromiso por parte de la administración penitenciaria y de las propias Comunidades Autónomas de no dejar caer el Sistema Sanitario Penitenciario. No es solo una cuestión de atención médica, se trata de la más elemental asistencia y de no establecer una doble pena a quienes se encuentran privados de libertad, sin obviar la grave alteración del orden y los problemas de seguridad que genera en los centros penitenciarios la falta de atención sanitaria", concluye.