Esta es la increíble historia del pueblo que no tenía bodas, nacimientos ni defunciones por culpa de una contraseña de internet. Así, como suena. El lugar en cuestión es San Martín del Tesorillo, la población más joven del Campo de Gibaltar, donde todavía no se pueden extender certificados de defunción, matrimonio o nacimiento porque no hay acceso al sistema informático que lo permite.

Tesorillo se constituyó como municipio el 2 de octubre de 2018.Desde el pasado mes de noviembre, la localidad tiene además un Juzgado de Paz con el conocidísimo Francisco Quirós Ocaña, Pacurro, al frente. Entre sus responsabilidades administrativas están las propias de un Registro Civil. El problema es que no puede llevarlas a cabo, según han denunciado muchos vecinos y el propio juez de paz ha confirmado, porque no tiene acceso al programa informático que permite tramitar estas certificaciones. Inforeg se llama el sistema en cuestión.

La clave de acceso la debe servir el Centro de Atención al Usuario (CAU) del Ministerio de Justicia y, según confirma Pacurro, la ha solicitado sin éxito en reiteradas ocasiones. Está la oficina que le brindó el Ayuntamiento, el ordenador e incluso el acceso a internet que le proporcionó Epicsa, la empresa provincial de información de Cádiz que depende de la Diputación. Pero la clave para poder entrar, nada. Según explican los vecinos, hubo una muerte en el municipio y el juez de paz tuvo que desplazarse a San Roque, cabeza de partido, para poder tramitarla. De lo contrario podría haberse creado un grave contratiempo para la familia del fallecido en un momento en el que no estaban para muchos disgustos.

Han nacido además en este tiempo dos niños que, finalmente y pese a la ilusión de los padres porque fueran tesorilleros en los papeles, tuvieron que inscribirse en La Línea y Algeciras, en cuyos hospitales nacieron. Y hay incluso un par de bodas a la vista que tampoco podrán registrarse a menos que lleguen a tiempo las dichosas claves. El Juzgado de Paz sigue en marcha entre tanto con otras tareas. Son competentes para celebrar juicios verbales sobre demandas que se refieran a reclamaciones de cantidades sin superar los 90 euros, actos de conciliación en el orden jurisdiccional y dictado de diligencias por auxilio judicial. En el ámbito penal, las potestades de un Juez de Paz abarcan la instrucción, enjuiciamiento, fallo y ejecución de los juicios de faltas que se promuevan en materias como amenazas, coacciones, maltrato de animales domésticos o perturbaciones del orden y daños leves de bienes inmuebles.