El proyecto de las 97 VPO para alquiler en Tarifa peligra por la parálisis del Ayuntamiento

Tarifa/El proyecto del Ayuntamiento de Tarifa para construir 97 Viviendas de Protección Oficial (VPO) para alquiler corre serio riesgo de no poder materializarse por la situación de parálisis del Consistorio, que amenaza con dejar al municipio fuera de los fondos Next Generation con los que la entidad local pretende afrontar casi un tercio de la inversión.

Se trata de la primera promoción de viviendas sociales impulsada por el actual equipo de gobierno (PP y Nuevos Aires Tarifa) y que se plantea sobre sendas parcelas municipales de las calles San Sebastián y Mesina, actualmente ocupadas por el antiguo matadero municipal y el conocido como el colegio de extramuros.

El Consistorio logró una subvención de 3,7 millones de euros con cargo a los fondos Next Generation para la promoción de viviendas ecoeficientes con los que preveía sufragar una importante parte de las obras, valoradas en total en 12,3 millones de euros. La ayuda comunitaria cubriría en torno al 30% del total, una cuantía más que considerable dadas las condiciones de las arcas municipales.

"Pero tenemos muy díficil poder cumplir con los plazos por demoras en la tramitación. La iniciativa requiere de una parte técnica que incluye la elaboración de memorias, solicitudes y pliegos. Pero el Ayuntamiento está prácticamente paralizado. Tenemos los plazos muy ajustados, porque las viviendas deberían estar listas en junio de 2026. Salvo que haya una prórroga, cosa poco probable, no vamos a poder optar a los fondos de la Unión Europea", ha denunciado el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Jorge Benítez (Nuevos Aires Tarifa).

El teniente de alcalde ya había evidenciado en anteriores ocasiones que la falta de personal municipal cualificado lastra la puesta en marcha de numerosos proyectos en el Consistorio. Un ejemplo está en Urbanismo, área bajo la competencia del propio Benítez. Cuando los independientes llegaron hace dos años al gobierno municipal, los expedientes se acumulaban en pilas de papeles porque todo dependía prácticamente de un solo funcionario. Hoy se cuenta con una arquitecta y una abogada que trabajan casi a destajo para sacar adelante los expedientes, pero aun así es insuficiente.

"Hemos planteado soluciones para solventar estas carencias de personal, pero encontramos siempre la negativa de los funcionarios", según Benítez. "Tenemos paralizada la oferta de empleo público, también hay rechazo por parte de los funcionarios a que se contraten empresas externas para apoyar y agilizar la tramitación de los expedientes. Y también tenemos frenos a la hora de renovar las ordenanzas, que hay que actualizarlas todas", lamenta el edil.

Un plan B para sufragar las obras

El concejal de Urbanismo no tira del todo la toalla, aunque dada la situación tocará buscar aún más dinero para erigir la promoción de pisos. Inicialmente el Ayuntamiento debía aportar algo más de 8,5 millones de euros que pretendían obtenerse con la venta de unos suelos municipales en Atlanterra. "Se trata de suelos que no tienen interés para el Ayuntamiento, porque son para uso hotelero, por ejemplo, cosa que el Ayuntamiento no va promover. Ahora buscamos que con estos suelos se puedan cubrir el coste total del proyecto", según Benítez.

Otra opción también estaría en rebajar el coste de los edificios, que inicialmente se plantearon con pautas de construcción industrializada, que ofrece plazos más cortos y a su vez es más sostenible con el fin de adaptarse al propósito de la subvención y el ajustado margen de construcción. Esta fórmula es algo más cara, de manera que si el Consistorio recurre finalmente a una construcción tradicional, el coste igualmente se reduciría aunque a costa de entregar los pisos más tarde.

Así serán las viviendas

Las 97 viviendas sociales previstas por el Ayuntamiento se han diseñado entre dos edificios. El proyecto inicial plantea un bloque de 38 pisos en la parcela del antiguo matadero con 19 viviendas de 47 metros cuadrados y otras 15 de 62,3 metros cuadrados, además de 198 metros cuadrados de locales comerciales y diez trasteros. El segundo bloque, en el recinto del antiguo colegio, tendrá 59 pisos de los que 43 serán de 51,4 metros cuadrados y los 16 restantes de 61,1 metros. En este segundo edificio habrá 316 metros cuadrados de locales para uso comercial. Las dos parcelas de la actuación suman 2.610 metros cuadrados, mientras que la superficie total construida ascenderá a 7.080 metros cuadrados.

Esta promoción prevé ser la primera de seis iniciativas impulsadas desde la entidad local con el objetivo de erigir unas 400 viviendas protegidas públicas durante el mandato (hasta mayo de 2027), aunque todo a expensas de la tramitación de los diferentes expedientes administrativos.

La presión social por la falta de viviendas asequibles en Tarifa, la segunda ciudad más cara de Andalucía, se mantiene constante en la localidad y canalizada a través de plataformas como Tarifa no se vende, creada en principio para protestar contra el proyecto urbanístico del frente litoral de Los Lances, actualmente en suspenso, y que ahora dirige sus reivindicaciones hacia el derecho al acceso a la vivienda.