El gobierno local de Tarifa asegura que el PSOE prometió construir VPO a pesar de varios obstáculos legales

El equipo de gobierno de Tarifa, formado por el Partido Popular (PP) y Nuevos Aires Tarifa (NAT), ha asegurado que el Partido Socialista prometió la construcción de viviendas protegidas en la zona de Albacerrado "a sabiendas de los obstáculos legales del proyecto".

De esta forma, el gobierno local responde a las críticas del PSOE, que esta semana ha demandado a la actual dirección del Ayuntamiento que retomara este proyecto de VPO.

"Observamos con sorpresa y preocupación la reciente retórica y actuaciones del PSOE en lo que respecta a la cuestión de la vivienda en Tarifa. En sus declaraciones más recientes, el PSOE parece tratar este tema como si fuera una novedad, cuando, en realidad, llevamos años enfrentando desafíos relacionados con la vivienda en nuestro municipio", han asegurado desde la entidad local.

"Resulta sorprendente que ahora propongan soluciones y pactos sobre la vivienda, cuando durante su tiempo en el poder no mostraron ningún interés real en la construcción de viviendas sociales en nuestro término municipal, exacerbando así un problema que afecta profundamente a nuestros conciudadanos", según Jorge Benítez, primer teniente de alcalde.

"El PSOE ha venido prometiendo en las campañas electorales de 2019-2023 y 2023-2027 un total de 550 viviendas, sin aclarar si estas cifras son acumulativas, lo que podría totalizar 1.100 viviendas. Esta falta de claridad y compromiso real con nuestras necesidades habitacionales es un motivo de preocupación legítima", según Benítez.

El equipo de gobierno asegura estar comprometido en desbloquear la situación de las 55 viviendas de Albacerrado. "A pesar de las circunstancias legales en torno a los terrenos que hace imposible por el momento llevar a cabo la construcción de las viviendas prometidas por el gobierno anterior. El PSOE de Tarifa, anclado en su soberbia y en no reconocer sus errores en la gestión, propone construir estas viviendas sin tener en cuenta el riesgo financiero que esto conlleva, al existir un proceso judicial que ha paralizado el expediente y que ha de ser resuelto antes de poder seguir", justifica el actual gobierno local.

Una acción precipitada "podría resultar en pérdidas financieras significativas para el municipio" y en "potenciales indemnizaciones millonarias a la constructora" en caso de paralización de las obras.

"Nuestro enfoque se basa en una gestión prudente y sostenible de los recursos municipales para garantizar soluciones efectivas y a largo plazo para la vivienda asequible en nuestro municipio. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tarifa está comprometido en abordar esta cuestión de manera seria y eficiente, y continuará trabajando incansablemente para garantizar un futuro mejor para todos los tarifeños en lo que respecta a la vivienda", concluye Benítez.