El 4,2% de los reclusos, alrededor de 1.800, tiene un trastorno mental grave, pero solo uno de cada cinco (393) está ingresado en uno de los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios que hay en España, mientras que el resto permanece en una cárcel ordinaria.

Así se desprende del Libro Blanco sobre la Atención Sanitaria a las personas con trastornos mentales graves en los centros penitenciarios de España que expertos de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal (SEPL) y la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) han presentado este miércoles.

La población reclusa asciende a 55.180 personas, de las que 44.394 cumplen su condena en cárceles situadas en comunidades sin las competencias penitenciarias transferidas -es decir, todas menos Cataluña, País Vasco y Navarra-.

Un 4,2% de los internos en estas 14 comunidades tiene trastorno mental grave, aunque la cifra podría ser muchísimo mayor, puesto que casi la mitad de los que son evaluados por un psiquiatra recibe este diagnóstico. Entre el 80 y el 90% acabará desarrollando un trastorno mental a lo largo de su vida.

Sin embargo, sólo el 22% de estos reclusos con altas necesidades de cuidados de su salud mental está ingresado en uno de los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios españoles, que están ubicados en Sevilla y Alicante.

"España es el único país con este modelo. Es una situación lamentable el altísimo porcentaje de personas con TGM que están en las prisiones", ha zanjado el doctor Alfredo Calcedo-Barba, expresidente de la SEPL.

Varón joven, psicótico y con adicciones

Siete de cada diez internos diagnosticados de un TGM no han tenido un seguimiento de su problema antes de entrar en prisión, con lo que el medio penitenciario podría ser una oportunidad para el cuidado de su salud mental y estabilización de los síntomas de su trastorno, han resaltado los expertos en psiquiatría.

El perfil más habitual del recluso con altas necesidades de cuidado en salud mental es el de un varón joven de 18 a 30 años con una comorbilidad adictiva o patología dual que empeora aún más el cuadro que presentan.

Tienen además un pobre seguimiento médico y adherencia al tratamiento, que abandonan con frecuencia, carecen de recursos económicos y domicilio estable y suelen ser reincidentes en la comisión del delito.

Sobre ellos pesa además un doble estigma, el del trastorno mental y el de la cárcel; según Calcedo-Barba, a pesar de que la mayoría cuenta con una tarjeta sanitaria, cuando son atendidos administrativamente por el Sistema Nacional de Salud, se considera que no la tienen.

Hay incluso unidades de rehabilitación y centros de salud mental que rechazan a personas con TGM con medidas de seguridad y que sólo les atienden cuando quedan en libertad.

Plazas sin cubrir

La atención sanitaria penitenciaria comparte, pero agravada, la misma realidad de escasez del sistema nacional público: al envejecimiento de los profesionales, falta de un horizonte profesional, fuga al extranjero en busca de mejores condiciones, sobrecarga de guardias o a las plazas sin cubrir se unen además unos salarios más bajos que sus compañeros del SNS.

En las prisiones dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que son el 83%, sólo se ha cubierto un tercio de las ofertadas, es decir, 159 de 481.

Así, la ratio media de médicos penitenciarios en la administración central es de 5,2 por cada 1.000 personas internas, muy por debajo de la europea, que es de 8 por cada 1.000; igualmente, en el entorno carcelario hay 1 farmacéutico por 1.244 personas internas, cuando en la comunidad es de 1 por cada 100.

En psiquiatría en concreto, sólo se cubrió uno de los diez puestos ofertados en 2022; la consulta especializada psiquiátrica la realizan profesionales contratados como interconsultores a tiempo parcial, con una dedicación variable según el tamaño del centro, que ronda las 3 horas semanales.

Cuando no hay psiquiatra contratado, la consulta especializada se realiza en el hospital de referencia.

Incluso en los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios, la dotación queda lejos de las cifras europeas, con ratios del 0,8 en Alicante y del 2,6 en Sevilla frente a la de 5 especialistas por cada 100 personas de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido.

País Vasco y Cataluña, una referencia

Frente a este modelo, los expertos han puesto en valor otros de referencia y que implementan sistemas de atención innovadores como son Cataluña y País Vasco.

Hasta que no se integren correctamente el sistema de sanidad penitenciaria en los sistemas de salud autonómicos -algo que debería haber ocurrido en los 18 meses siguientes a la entrada en vigor de la ley de Cohesión y Calidad del SNS de 2003-, se seguirán vulnerando los principios de equidad, igualdad de oportunidad, arraigo y calidad asistencial que garantizan las leyes sanitarias, han avisado ambas sociedades.

"La experiencia en España demuestra que la administración penitenciaria no es la más idónea para proveer y gestionar la asistencia sanitaria de las personas judicializadas", ha concluido Calcedo-Barba.