Se inicia la campaña de la declaración de la renta con la marejada mediática del supuesto delito fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso y con el ex ministro de Economía del PP Rodrigo Rato declarando ante un tribunal por sus sospechosos tejemanejes tributarios. Los técnicos del Ministerio de Hacienda Carlos Cruzado y José María Mollinedo han publicado recientemente un libro bajo el elocuente título de Los ricos no pagan IRPF en el que se denuncia el déficit de justicia fiscal y el discurso demonizador de los tributos en nuestro país. Su análisis de la evolución de los impuestos en España sugiere que existe una doble vara de medir por parte de la Agencia Tributaria en su fundamental tarea de supervisión del correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de la ciudadanía.

En esto nuestro Estado no es diferente al resto del mundo. Lo demuestran los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman en su libro El triunfo de la injusticia. Lo que sostienen con su análisis histórico de la evolución de la estructura tributaria es que un correcto diseño institucional de los impuestos es determinante para alcanzar el éxito en la lucha por la justicia social. Lo prueba el caso en torno al que principalmente gira su trabajo, que es el de los Estados Unidos de Norteamérica; un país que estuvo a mediados del siglo pasado a la vanguardia de las políticas en pro de la justicia fiscal, pero que desde hace cuatro décadas ha dejado de importarle. En esta senda se halla también Europa, que ha sido arrastrada en esta deriva contraria al modelo de progresividad fiscal, lo que favorece la acumulación de riqueza y un incremento del poder económico oligárquico que, en un contexto de aumento de las desigualdades, tiene un efecto corrosivo sobre las democracias. Saez y Zucman tachan la injusticia fiscal de ser uno de los grandes fracasos políticos de nuestro tiempo que se ha instalado institucionalmente a escala global. Volviendo la vista atrás, fijándonos en el periodo histórico marcado por el New Deal, estos dos economistas constatan el radical giro ideológico que ha tenido lugar en la principal potencia occidental que nos marca el paso a todos.

En la década de los treinta del siglo pasado las estrategias para eludir el pago de impuestos surgían con regularidad, pero se prohibían con rapidez. Como prueba de esta combativa voluntad política, está la carta del secretario del Tesoro, Henry Morgenthau Jr., que Roosevelt adjuntó en su mensaje de 1937 al Congreso, en la que enumeraba ocho estratagemas para evitar tributar que habían florecido y que debían prohibirse por ley de inmediato. Y se hizo.

Roosevelt no solo abanderó el combate institucional contra el fraude y la elusión fiscal sino que también dedicó tiempo a explicar siempre que tuvo ocasión por qué eran importantes los impuestos, apelando a la ética y rechazando a los evasores fiscales. Estas fueron palabras suyas en el aludido mensaje de 1937: “El juez Holmes dijo: ‘Los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada’. Sin embargo hay demasiados individuos que quieren una civilización con descuento”. Para Saez y Zucman no cabe duda de que la situación cambia a comienzos de los años ochenta del siglo pasado, cuando el sistema de creencias del New Deal entra en decadencia. Con Ronald Reagan en la Casa Blanca se instala la convicción de que si al contribuyente –sobre todo al rico– le tienta la posibilidad de no pagar impuestos la culpa no es suya sino de los altos tipos impositivos “antiestadounidenses”.

En cuarenta años de revolución neoliberal la bola se ha hecho más grande, siendo ahora que el mensaje de bajada de impuestos es un reclamo muy habitual en las campañas electorales de las democracias de todo el mundo, y no solo proveniente de la derecha (“bajar impuestos también es de izquierdas”, se le oyó decir a José Luis Rodríguez Zapatero en nuestro parlamento cuando era presidente del Gobierno). Al mismo tiempo, es evidente que los gobiernos de todo el orbe han ido retrocediendo hacia posiciones fiscales más débiles e incluso condescendientes con los mil y un artilugios de los que actualmente disponen los más potentados para defraudar a sus Estados. El resultado innegable es que la política democrática ha asumido una actitud crónica de tolerancia respecto de la injusticia fiscal que se traduce en la normalización del aumento de los impuestos a una mayoría de las capas medias para financiar los recortes impositivos a las corporaciones y los multimillonarios.