Al sur del sur

Javier Chaparro

jchaparro@grupojoly.com

Responsabilidades en el asesinato de Diego Valencia

La Audiencia Nacional enjuiciará al autor del crimen, pero es a Interior al que corresponde dar contestación a los errores cometidos y poner las soluciones

Ayer, sábado, hizo un mes del asesinato de Diego Valencia, en la noche que Gloria Sánchez-Grande ha descrito certeramente como la más gélida del invierno. Fue en Algeciras, en la Plaza Alta, en el corazón de la ciudad. Resulta imposible no sobrecogerse al pasar sobre las baldosas en las que el sacristán de La Palma fue muerto por el machete empuñado por Yassine Kanjaa al grito de “Alá es grande”.

A la acusación particular, ejercida por la viuda y los dos hijos de Valencia a través de dos prestigiosos juristas de la ciudad -Manuel Gutiérrez Luna y Manuel Barberá-, se han unido seis acusaciones populares. En concreto, se trata de cuatro asociaciones de víctimas de terrorismo, de la Fundación de Abogados Cristianos y Vox, como informó Europa Sur. Todas ellas, en coincidencia con las apreciaciones iniciales de la Policía Nacional -que desde el primer segundo derivó la causa hacia la Audiencia Nacional- el fiscal y el juez instructor de la causa, tratarán de demostrar la naturaleza terrorista de la cruel acción de Kanjaa y su conexión con el yihadismo, con la guerra santa emprendida por los radicales islamistas. No en vano, esa noche, además de Valencia, sacristán de la iglesia de La Palma, Kanjaa había atacado previamente al cura de San Isidro, Antonio Rodríguez, y prosiguió su camino de sangre hasta otro templo, la capilla de Europa, afortunadamente, cerrada a esas horas.

De la consideración de lo ocurrido como un ataque terrorista de inspiración yihadista dependerá que la familia de Valencia pueda ser indemnizada

De la consideración de lo ocurrido como un ataque terrorista de inspiración yihadista dependerá, en primer lugar, que la familia de Valencia pueda ser indemnizada de forma justa, conforme a los criterios establecidos en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y su Reglamento posterior, ambos de 2011. También, que Kanjaa sea sentenciado a prisión por un delito de asesinato terrorista, con una condena mucho más elevada que la que podría imponérsele en otras circunstancias.

No es gratuito que el desalmado autor del crimen haya declarado ante los forenses que ve “diablos”, tratando de hacerse pasar por un simple demente para rebajar su imputación y desligarse de todo vínculo terrorista, aunque, como adelantó también nuestro periódico, los investigadores de la Policía Nacional hallaron un dispositivo móvil en poder del asesino con rastros de chats yihadistas de Tánger y Ceuta.

Para reforzar la tesis yihadista será clave el testimonio de los testigos, citados por videoconferencia a partir de mediados de marzo, muy especialmente el de los compañeros de Kanjaa en la vivienda que ocupaban ilegalmente en el centro de la ciudad. Ellos deberán confirmar si aquel inició dos meses antes de perpetrar el asesinato de Valencia un progresivo proceso de radicalización, no solo apartándose del consumo de tabaco y alcohol y dejándose barba, sino también endureciendo su discurso hacia todo lo que representa occidente y el cristianismo.

A la espera de los resultados que se deriven de la prórroga durante un mes del secreto sumarial de las actuaciones, hay una circunstancia añadida que la acusación particular no dejará pasar por alto: la responsabilidad del Estado en lo ocurrido. Yassine Kanjaa se encontraba en situación ilegal en España desde 2019 y su expediente de expulsión hacia Marruecos, de donde es original, estaba pendiente de tramitarse desde junio de 2022, según ha confirmado el Ministerio del Interior. Es decir, si este último departamento se hubiese empleado con mayor agilidad y colocado en tiempo y forma a Kanjaa en un ferry con destino a Tánger, Diego Valencia seguiría abriendo hoy las puertas de la iglesia de La Palma a los feligreses.

Sin caer en alarmismos ni en los mensajes xenófobos de la ultraderecha, la pregunta es cuántas personas siguen aún en circunstancias similares a las que tenía Kanjaa antes del 25 de enero. Será la Audiencia Nacional la encargada de determinar las responsabilidades de lo ocurrido, pero es al Ministerio del Interior al que corresponde dar contestación a los errores cometidos y poner las soluciones para que no se repitan. Los familiares de Diego Valencia no podrán concluir su luto de manera serena hasta tener todas las respuestas sobre la mesa.

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