Apenas 24 horas después del desastre electoral de los socialistas en Galicia, el Gobierno de la nación hacía saltar por los aires la frágil paz acordada con la Junta de Andalucía sobre el futuro del parque nacional de Doñana. En política, todos los acontecimientos, por lejanos que parezcan, están interconectados y este caso no es una excepción. La reapertura de hostilidades tiene como origen la supuesta inclusión, de tapadillo y por la puerta de atrás, en el decreto de simplificación administrativa aprobado recientemente por el Ejecutivo regional de medidas que en la práctica suponen retomar el plan de regadíos en la corona norte del parque, que había decaído como consecuencia del acuerdo entre las dos administraciones. Desde San Telmo niegan con vehemencia que esto sea una realidad y señalan que Andalucía se ha limitado a adaptar a la normativa estatal el reglamento de su Ley Forestal. Esté la razón de una parte o de la otra, se trata de un desajuste perfectamente abordable y solucionable en una mesa de negociación, sin necesidad de convertirlo en un conflicto político. Así parece que será finalmente, a pesar de que la vicepresidenta Teresa Ribera elevó el tono y suspendió una reunión que tenía prevista celebrar ayer con los ayuntamientos de la zona. La tentación de politizar Doñana sigue ahí, como demuestra este episodio. Desde estas páginas se ha reiterado la necesidad de sacar el parque nacional del debate político y de que sea considerado un tema de Estado por los dos partidos mayoritarios. Es un objetivo que, en medio del actual clima de trifulca permanente, se antoja casi quimérico. Doñana no es una cuestión regional o nacional. Trasciende de nuestras fronteras y se mira con lupa por los grupos de presión ecologista. Que el nombre de una de las mayores reservas de la biodiversidad de Europa esté abonado a la bronca entre partidos no favorece la imagen de España ni la de Andalucía.