Un enorme descontento recorre el campo europeo. Los agricultores miran indignados a Bruselas y se quejan de excesos regulatorios en materia medioambiental y fitosanitaria que los coloca en posición de desventaja frente a otros productores. No les falta razón. Muchas veces la burocracia de la UE toma decisiones en despachos muy alejados de la realidad sobre la que actúan. Ha habido protestas en Alemania, Polonia o los Países Bajos y las organizaciones agrarias españolas han anunciado también movilizaciones. Pero lo que está pasando durante los últimos días en Francia rompe este marco y se sitúa, una vez más, en el histórico deseo de la agricultura gala de considerar a la española como su enemiga. No tiene sentido acosar a los camiones españoles y volcar sus cargas cuando las regulaciones europeas afectan de forma igual a los dos países. Y si el Gobierno de París ha extremado algunas de las medidas no lo ha hecho, evidentemente, para favorecer a los agricultores al sur de los Pirineos. A una de las agriculturas más competitivas y modernas de Europa, la de la provincia de Almería, los ataques en las autopistas francesas le cuestan, según cálculo de los productores, unos 75 millones de euros a la semana. Todo parece indicar que los franceses están dirimiendo estos días otra batalla que nada tiene que ver con el núcleo de sus protestas. En España se ha desarrollado una agricultura de futuro, mientras que Francia sigue anclada en el pasado. La verdadera competencia para la agricultura europea no es interna, sino externa. Por ejemplo, viene por las producciones de Marruecos, país con regulaciones sanitarias y medioambientales muchos más laxas, o, para la ganadería de carne, con el desarrollo del acuerdo entre la UE y Mercosur. Pero en un mundo globalizado estos son factores que no se pueden eludir. La existencia de la Política Agraria Común (PAC) debería ser garantía de un funcionamiento ordenado del sector pero en este aspecto también el camino que hay que recorrer es todavía muy largo.