Una sentencia destinada a Conde-Pumpido

La mayoría de los jueces y fiscales que han accedido a comentar la sentencia de condena del Supremo al ex fiscal general del Estado, han coincidido en un mismo aspecto: deja pocos espacios a la duda. Sus argumentos incluyen la solidez que se espera de unos profesionales de la Judicatura y Fiscalía que han llegado a la instancia más alta de la carrera, y de los 200 folios se deduce que cinco –de siete– magistrados que la avalan han elaborado un trabajo que tenía como destino último el Tribunal Constitucional. El sanchismo, desde el mismo momento que se conoció el fallo condenatorio del Tribunal Supremo, adelantó que Álvaro García Ortiz interpondría un recurso de apelación ante el TC; Pedro Sánchez fue aún más lejos, expresó su convicción de que una instancia superior al Supremo –solo podía ser el TC– se pronunciaría de forma diferente.

Ya antes de que compareciera ante el Supremo Pedro Sánchez ya había reiterado que García Ortiz era inocente, como también hizo en el caso de Cerdán. Cualquier persona con un mínimo de formación podría llegar a la conclusión de que para el presidente es irrelevante presionar a tribunales y jueces que deben juzgar a familiares, cargos o colaboradores. Antes de que llegue el recurso al TC, si efectivamente llega, ya estaba Pedro Sánchez, indirectamente, dando un toque a un Cándido Conde-Pumpido que se duele de que actualmente se está poniendo en duda su obligada independencia a pesar de su brillante trayectoria profesional.

La sentencia del Supremo destaca aspectos que podrían estar redactados precisamente para anular cualquier interpretación sesgada sobre el comportamiento del ex fiscal general. Considera prueba condenatoria el borrado de los móviles al día siguiente de su imputación, que no era cierto que el borrado estuviera obligado por normas de la Fiscalía, con la justificación de que era necesario el borrado para asegurar la protección de los datos. Esto último, según el auto del Supremo, contradecía lo que declaró García Ortiz al Supremo, de que unas 200 o 600 personas conocían que la pareja de Ayuso buscaba un acuerdo de conformidad. Desde la ignorancia de los modos con los que se rigen las altas instancias de la Justicia, el texto de condena al fiscal general parece un trabajo minucioso redactado con rigor y la obligada profesionalidad.