Lo afirman con rotundidad las asociaciones antidroga, los jueces y fiscales, los sindicatos policiales y las asociaciones representativas de la Guardia Civil. Todos lo vienen diciendo y reclamando desde hace años ante el avance, sin tregua, de las mafias del narco. Cada vez que se desarticula un clan, de la cabeza de esa hidra surgen siete más que copan y amplían su espacio. La activación del Plan especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar en el otoño de 2018 por parte del ministro Grande-Marlaska fue un paso decisivo frente a quienes hasta ese momento habían minusvalorado el terrible avance de las mafias en el Estrecho. Se incorporaron más agentes y se dotó a los cuerpos de seguridad de mejores medios, aunque se erró al concentrar los esfuerzos en las medidas policiales. Todos los colectivos citados vienen proponiendo la activación de un auténtico plan integral para el Campo de Gibraltar que incorpore medidas de calado social, especialmente en los ámbitos educativo y formativo, que trabaje desde la base con los más jóvenes para disuadirles de entrar en el universo del narcotráfico. Cuando el Estado deja de ejercer su papel, las redes criminales ocupan su espacio, dando cobertura de todo tipo (dinero, bienes, comodidades materiales...) a las capas sociales más marginadas, ampliando cada vez más su radio de actuación.

Los asesinatos de los guardias Miguel Ángel Gómez y David Pérez deben hacer que el conjunto de las administraciones asuman su parte de responsabilidad y ejerzan sus competencias de forma coordinada: el Gobierno de la nación, con más seguridad y proponiendo un endureciendo el Código Penal (tal cual los han expuesto nítidamente la fiscal Antidroga Ana Villagómez y Paco Mena, de Alternativas), y la Junta de Andalucía y los ayuntamientos, metiéndose de lleno en el tejido social de los barrios más castigados. Impidamos que una nueva generación se quede en el camino de la droga.