En mi butaca
Paloma Fernández Gomá
No vale todo
Esta semana, dos noticias desde Europa, una del Consejo y otra de la Comisión, nos anuncian que estamos en la fase final del proceso de celebración del tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido que regirá las relaciones jurídicas en relación con Gibraltar después de una excesivamente larga negociación. Por una parte, la Comisión ha anunciado que ha adoptado formalmente las propuestas para la firma, conclusión y aplicación provisional del tratado. Me llama poderosamente la atención la posibilidad de aplicación provisional, que en cierto modo tiene sentido para evitar las distorsiones en el cruce de personas por la Verja que se produciría si el próximo 10 de abril entra en vigor el sistema automatizado de entrada y salida en el espacio Schengen (EES).
Ahora bien, mientras en Gibraltar el texto del tratado está circulando y los operadores, asociaciones y entidades concernidas están siendo debidamente informadas y preparadas, del lado español la aplicación provisional pillaría a muchos sectores sin la adecuada preparación. Más allá de los titulares y la información genérica que se ha trasladado desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, poco o nada se sabe de los detalles técnicos, que son los que adquirirán relevancia en la aplicación práctica del tratado.
Por otra parte, el Consejo ha iniciado formalmente el examen del texto y el Grupo de Trabajo sobre las Relaciones UE-Reino Unido del Consejo celebró el pasado viernes su primera ronda de debates sobre el documento. Si bien la Comisión ha recomendado que se ratifique como un tratado sobre competencias exclusivas de la UE, el Consejo debe pronunciarse. Me preocupa que el Consejo lo confirme. Ello significaría que materias claves para el Campo de Gibraltar, como son los asuntos sociales respecto los derechos de los trabajadores transfronterizos o las cuestiones medioambientales, entre otras, que son claramente competencias compartidas, no han sido incluidas significativamente en el tratado, o bien sólo se han incluido disposiciones generales. En ese caso, una noticia que debería ser celebrada, la entrada en vigor de un tratado histórico, sería preocupante porque indicaría la pérdida por parte de España de una oportunidad única para reforzar la necesaria relación con nuestros vecinos gibraltareños de una manera justa y equilibrada.
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