La Ley de 1961 que regulaba la provincia del Sahara le otorgaba a la misma igual representación en Cortes que cualquier otra provincia, así como un régimen organizativo peculiar pero con plena integración en la administración española. Dicha ley incluso hace referencia como aplicable a la legislación coránica, con absoluto respeto a la práctica del islam y a la propiedad de la tierra según la práctica musulmana.

La presencia soberana española se remontaba a 1884, sin que nunca antes Marruecos tuviera la soberanía del territorio. Como curiosidad, hasta febrero de 1976 existieron vehículos españoles circulando con la matrícula provincial SH.

Poco antes, durante noviembre de 1975, con Franco agonizando, se firman el Acuerdo de Madrid y la Ley de Descolonización del Sahara, y comenzó la vergonzante entrega a Marruecos. Quizá el Frente Polisario tuviera su parte de responsabilidad ante los crecientes atentados perpetrados contra la presencia española, cuyo fruto envenenado recoge el reino alauí apropiándose del Sahara. Desde entonces impide manu militari que los saharauis accediesen a su independencia, incluso a la propia permanencia de éstos en el territorio.

Casi 50 años después, sin solucionarse el problema, el presidente Sánchez renuncia al cumplimiento de las resoluciones de las NNUU y al propio Acuerdo de Madrid y reconoce la supuesta marroquinidad del Sahara, sin consultar tal posición con el Congreso, ni tampoco consensuarla en el seno de su propio Gobierno.

Esta semana, además, hemos conocido que fue Marruecos quien exigió el cese de la anterior ministra de Exteriores, al que se accedió en días. Otra cesión más en el camino que bien conoce la administración marroquí. A ello aúna otras armas manejadas sin control democrático de ningún tipo, como presión migratoria con desprecio de su propia población, influencia remunerada en los centros de poder, teledirección de las mezquitas allende sus fronteras, o reforzamiento de sus fuerzas armadas, entre otras.

Y parece que funciona, como demuestra el voto contrario del PSOE, único grupo que lo hace, a la toma en consideración de la Proposición de Ley que propone conceder nacionalidad española a los saharianos nacidos antes de 1977. Ya ni siquiera se persigue el cumplimiento de lo ordenado por la ONU, sino que tampoco se ampara a aquellos que fueron españoles y que abandonamos a la suerte de un país tercero.

Por eso se pone uno a temblar cuando altos mandatarios marroquíes realizan afirmaciones referidas a Ceuta y Melilla, como cuando el primer ministro en 2020 o el presidente del Senado hace unos días dicen que, cerrado el asunto del Sahara, se ha de reabrir el de la soberanía de las ciudades autónomas. Parece que solo habrá que aguantar hasta diciembre, pero cualquier cosa se puede esperar.