En 1979 el PIB por habitante en Andalucía era un 26,5% inferior al de España. Diez años después la diferencia había aumentado en tres puntos, la mayor distancia de todo el periodo autonómico y en algunos foros se comenzaba a pensar que la experiencia autonómica no estaba funcionando como se esperaba. La diferencia comenzó a reducirse tras la crisis de los 90 y, sobre todo, con la burbuja inmobiliaria, que permitió alcanzar la máxima aproximación (22,4 puntos) en 2005. Fue un largo periodo de convergencia, pero con un fundamento especulativo tan acusado que cuando se produjo el estallido de la burbuja Andalucía nuevamente estuvo entre las más perjudicadas. En 2019 la distancia con la media española volvía a ser la misma que al comienzo de la autonomía y en 2023, tras conseguir salir de la pandemia en condiciones algo mejores que el resto de España, se mantiene en 25,1 puntos.

Han pasado más de cuatro décadas y en términos relativos estamos como al principio, o incluso algo peor, puesto que el comportamiento del resto de las comunidades más atrasadas en los últimos años ha sido mejor que el nuestro y nos han relegado a la última posición del ranking en PIB por habitante. A mediados de los 90, el profesor Cuadrado sostenía que nada sustantivo había cambiado en el mapa regional español entre los años 50 y 90 del pasado siglo y yo añadiría que tampoco en este momento existen indicios de que algo pueda cambiar en los próximos.

La causa de la persistencia de los desequilibrios, pese a los esfuerzos y recursos empeñados en corregirlos, es, según el profesor Cuadrado, la aproximación de las estructuras productivas. Las peculiaridades de las economías locales permiten respuestas singulares a los estímulos y a las perturbaciones, lo que hace posible que aparezcan itinerarios de crecimiento diferentes y, por tanto, la posibilidad de corrección de la desigualdad. Cuando las estructuras productivas son similares, las respuestas tienden a confundirse y la velocidad del crecimiento se determina en función de la potencia competitiva de cada territorio, que depende de las tasas de crecimiento de los salarios y la productividad.

En este proceso de aproximación, la centralización de la negociación colectiva puede favorecer la nivelación de los salarios, incluso cuando las diferencias regionales de productividad y desempleo son tan acusadas como en España. Cuando esto ocurre, desaparece parte de la ventaja competitiva en las regiones atrasadas, vinculada a los salarios y en actividades intensivas en trabajo, y las diferencias en desempleo y productividad tienden a ampliarse. El desempleo termina concentrándose en las regiones atrasadas y las ganancias de productividad en las avanzadas.

La productividad se convierte, de esta forma, en la variable determinante de la velocidad del crecimiento de cada territorio y si observamos lo ocurrido en Andalucía en los últimos años se entenderá la causa fundamental de su atraso secular. La distancia con la media española era de 6,3 puntos en 1995. Se elevó hasta 14,8 en 2007, proporcionando evidencia de la toxicidad del crecimiento durante el boom inmobiliario, y hasta 16,3 puntos en 2022.