Una vecina de Sanlúcar ha denunciado a la Junta de Andalucía después de que su hija, de 15 años de edad, desapareciera del centro de menores de Puerto Real donde era tutelada. La progenitora entiende que la Administración hace dejación de sus funciones y no vela por los intereses de los niños que están a su cargo.

La madre de la menor, que en la actualidad tiene suspendida la patria potestad, expone en su denuncia que su hija estuvo en acogimiento familiar durante tres años. Durante el periodo de tiempo en el que la niña vivió con otra familia, se quejó de la falta de atención que sufría. "Las comidas, cuando las recibía, eran escasas y en muchas ocasiones era asistida por una amiga, en cuyo domicilio se solía quedar con frecuencia", recoge la denuncia.

Recientemente, la fotografía de la menor fue incluida en el portal de SOS Desaparecidos "porque tanto la familia que la tenía en acogida como el propio equipo de menores de la Junta de Andalucía desconocían su paradero", expone la progenitora.

La madre asegura que "no sabía absolutamente nada" de la desaparición de su hija, pues "nadie" se puso en contacto con ella "ni siquiera para constatar si yo podía aportar alguna información".

Tiempo después, la niña pasó a un centro de protección de menores en Puerto Real. Al mes de estar allí, la joven abandonó las instalaciones y se personó en el domicilio de su progenitora. "Me dijo que no pensaba volver al centro bajo ningún concepto. Dada su edad, para mí fue imposible obligarla a ello y, obviamente, a la calle no la iba a echar", manifiesta la madre, que denuncia a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Cádiz "por dejación de funciones respecto a los menores a los que tiene el deber de proteger por estar bajo su tutela conforme a lo establecido en el artículo 1 de la LO 8/2021 de 4 de julio de Protección de la Infancia y la Adolescencia.

A los efectos de esta ley, "se entiende por violencia toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar y que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social con independencia de su forma y medio de comisión".

Según la madre, la entidad denunciada (la Junta) "ha ejercido violencia continuada sobre la menor porque la ha desatendido, no ha tenido en cuenta sus intereses, quejas e inquietudes y ha obviado los numerosos problemas que ha sufrido durante el tiempo que lleva baja la tutela de la entidad pública". Para la progenitora, la Consejería tiene "un comportamiento absolutamente negligente" al permitir que una menor desaparezca "durante días". "Ni siquiera ha denunciado su ausencia ante la Policía", apostilla.

Asimismo, la madre solicita que su denuncia sea puesta en conocimiento de la Fiscalía de Menores y del Juzgado  de Primera Instancia 1 de Cádiz, órgano que acordó conceder la tutela de la niña a la Junta de Andalucía. 

La respuesta de la Junta

A partir de los hechos expuestos, la Junta de Andalucía ha explicado a este medio que la fuga de la niña del centro de menores de Puerto Real sí fue denunciada, razón por la que la Guardia Civil se personó en el domicilio de la madre. Una vez allí, los agentes constataron las sospechas de la Junta: la menor había regresado a la casa de su progenitora y ésta la ocultaba para no entregarla.

Desde la Administración apuntan que la menor y su hermana fueron declaradas en desamparo el 28 de mayo de 2019 por la conflictividad extrema en el domicilio familiar, con casos de violencia, maltrato y desprotección, de ahí que pasaran a ser tuteladas por la Junta por orden judicial.

"Si la situación actual de la madre ha cambiado, puede someterse a un tratamiento de recuperabilidad y a una valoración por parte de nuestro equipo para que la niña regrese con ella, pero eso implica un proceso, no es una decisión que se adopte de un día para otro", señalan fuentes de la Consejería.

Las misma fuentes indican que la niña no está acudiendo al colegio para evitar su retorno al centro de menores de Puerto Real. Del mismo modo, refieren, la madre se niega a entregarla, por lo que podría estar incurriendo en un delito de sustracción de menores por cuanto el cese de la tutela no se ha acordado. "Lo que hace va en contra de sus propios intereses y de los intereses de su hija", concluyen.