La lucha contra el narcotráfico en la frontera sur de Europa no deja de añadir víctimas a una lista tan larga como dolorosa. El último accidente, ocurrido en la autopista que une las provincias de Cádiz y Sevilla, no deja de ser un daño colateral en esa desigual batalla en la que guardias civiles y policías nacionales intentan hacer frente a poderosas estructuras con recursos ilimitados. Las seis muertes, cuatro civiles y dos agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, se suman a los dos agentes muertos en el puerto de Barbate el pasado 9 de febrero, en un mes negro para el Instituto Armado.

Los dos agentes fallecidos en Los Palacios pertenecen al GAR, que también se tiñó de luto con la muerte en Barbate de otro de sus integrantes, David Pérez Carracedo. Ambos habían sido comisionados en Sevilla desde su base en Logroño para tomar parte en un despliegue contra el narcotráfico en el sur. Según El Confidencial estaban instalados en la base militar El Copero, y desde allí se desplazaban a los puntos calientes marcados con rojo en esa gran autovía del hachís en que se ha convertido el Guadalquivir.

Desde que el Gobierno pusiera en marcha el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar en 2018, las mafias que controlan el negocio del chocolate iniciaron un éxodo que les llevó a diversificar sus alijos en otros puntos de la Costa. Desde Ayamonte hasta Almería, desde Cádiz a Manilva, aunque, actualmente, si hay un lugar por donde están entrando ingentes cantidades de hachís de Marruecos es el Bajo Guadalquivir.

Tras estas cuatro muertes de guardias civiles, Agustín Domínguez, secretario provincial de Jucil, se mostró ayer no sólo muy afectado sino también indignado ante el que considera laxo comportamiento del Gobierno central.

Imagen del dispositivo que se organizó tras el suceso en la autopista.

“La reciente pérdida de nuestros compañeros en Los Palacios sigue siendo un doloroso recordatorio del abandono por parte del Ministerio del Interior”, dijo a este medio. “A pesar del sacrificio y el peligro inherentes a nuestra profesión, aún no se reconoce a los policías nacionales y a la Guardia Civil como profesionales en riesgo. El retraso en este reconocimiento debido a cuestiones económicas es aún más doloroso. Parece que hay recursos para todo, menos para algo que es de justicia”, aseguró.

En cuanto a la peculiaridad de la provincia de Cádiz, marcada por la peligrosidad y el aumento de los conflictos asociados al narcotráfico, desde Jucil insisten en que “seguimos esperando avances desde hace dos años, cuando el ministro Marlaska prometió medidas al respecto”.

El OCON-Sur

Recordó Domínguez que recientemente se ha llevado a cabo un proceso extraordinario de asignación de destinos amparados en el plan Carteia, el mismo que dio origen al OCON-Sur, que tan buenos resultados ofreció hasta su disolución por unos motivos que, a estas alturas, siguen sin estar claros. “Estas vacantes de urgencia representan un refuerzo en el ámbito de los recursos humanos, con un total de 80 vacantes, la mayoría para el servicio marítimo y cinológico. Sin embargo, ¿de qué sirve aumentar las vacantes si no hay embarcaciones disponibles?”, se preguntan desde Jucil. “Nos tememos que esto se venderá como una medida extraordinaria, pero sin el aumento de medios materiales, de nada sirve”, asevera.

Informa Jucil que en la Comandancia de Cádiz actualmente hay disponibles dos embarcaciones operativas, una de ellas comisionada de la Comandancia de Algeciras. “Las otras adjudicadas siguen en distintos procesos de reparación: una por mantenimiento necesario, y las demás con averías varias. La Rio Irati, la adjudicada hace poco tiempo y que se debería reparar en garantía, está parada porque no se libera un presupuesto de 8.000 euros para su arreglo por parte del Ministerio de Hacienda, cuando se supone que debería ser reparada por la garantía”.

Desde 2016 se han producido una treintena de muertes en el Estrecho por el narco

Además, desde Jucil han estado solicitando que los servicios marítimos se realicen en un plazo de 24 horas, lo que sería mucho más efectivo para llevar a cabo las patrullas marítimas. “Actualmente, se exige que se realicen en 13 horas, lo cual afecta negativamente a nuestra capacidad de reacción debido a la extensa costa que tiene la provincia. Desde la Comandancia de Cádiz, que abarca desde el Bajo Guadalquivir hasta las playas de Barbate, con condiciones de mar favorables y dependiendo del tipo de embarcación, el tiempo de ruta directa sería de aproximadamente 4 horas. Por lo tanto, con un servicio de 13 horas, la efectividad se ve severamente comprometida”.

Por último, desde Jucil, “queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a los familiares y amigos de los cuatro fallecidos, quienes junto a nuestros compañeros Eneko y Juan Jesús, perdieron la vida en este trágico incidente. Una vez más, el pueblo de Barbate se ve afectado por la pérdida de uno de sus vecinos”.

Y es que, como bien recuerda Jucil, hay localidades de la provincia que se están viendo especialmente salpicadas por el narcotráfico. Barbate, donde tuvo lugar el desgraciado incidente con unas narcolanchas, lleva años intentando sacudirse ese estigma que lleva pegado a la espalda como chapapote desde que en los 80 comenzara a llegar hachís a sus costas.

Desde 2016, el narcotráfico se ha cobrado casi una treintena de víctimas mortales en el Estrecho, a las que hay que añadir otras como estas seis personas que han perdido la vida en un accidente durante un control que pretendía abortar un importante alijo de droga. Son las consecuencias de un negocio mortal, por más que haya quien levante la voz y pida su legalización.