El registro municipal portuense ha recibido ya las notificaciones de tres juzgados diferentes en los que se estudian las demandas puestas por la anterior interventora contra el Ayuntamiento, por un lado, por un supuesto acoso moral, y contra la decisión del alcalde, Germán  Beardo, y otros miembros de su equipo de gobierno, de abrir  expediente contra la alta funcionaria en 2020, un expediente que finalmente se archivó.

En realidad se trata de dos asuntos diferenciados, por un lado la demanda por acoso moral, que está ya más avanzada (toda vez que el Ayuntamiento no resolvió la queja de forma interna) y por otro el expediente de responsabilidad patrimonial que carga contra Beardo y parte de su equipo, tras haber aireado en los medios de comunicación acusaciones muy graves contra la funcionaria.

El tercero de los Juzgados implicados lo que lleva adelante es la unión de ambos casos, ya que el Ayuntamiento quiere acumular en un solo procedimiento las dos reclamaciones, según el decreto firmado por el concejal César de la Torre, instructor del caso tras haber sido recusados previamente Marina Peris y Millán Alegre.

Los Juzgados número 2 y 3 de lo contencioso de Cádiz reclaman al Ayuntamiento los expedientes administrativos de las dos causas y se anuncia que se requerirá el emplazamiento de cuantas personas aparezcan interesadas en el mismo.

La demanda por el supuesto acoso moral va dirigida a nueve personas, desde el alcalde hasta los concejales Javier Bello y Marina Peris pasando por el asesor del alcalde, Antonio Caraballo, el gerente de El Puerto Global, Rafael Serrano, y varios técnicos de alto rango del Ayuntamiento.