Un carguero con 170.000 toneladas de carbón rumbo a Israel desata una crisis diplomática antes de hacer escala en Gibraltar

El Seafighter, un gigantesco bulk carrier de bandera maltesa cargado con 170.000 toneladas de carbón sudafricano, navega en estos momentos frente a las costas de Mauritania con destino a Gibraltar, donde tiene previsto arribar el 1 de noviembre a las 17:00. Su tránsito por aguas españolas se ha convertido en un nuevo pulso político y legal para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La Red Estatal contra la Ocupación de Palestina (Rescop) y la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel han lanzado una petición urgente al Gobierno: impedir que el buque cruce el Estrecho. Argumentan que ese carbón "no es mercancía neutral", sino "un recurso estratégico que alimentará la red energética de Israel" y, por extensión, "sus asentamientos ilegales en territorio palestino y su aparato militar".

"No existe un uso civil del carbón exportado a Israel"

En su comunicado, Rescop sostiene que el carbón transportado por el Seafighter forma parte de una cadena logística que "alimenta la maquinaria de ocupación y represión" del Estado israelí. Para respaldar su tesis, citan el informe Powering Injustice, elaborado por el Center for Research on Multinational Corporations (SOMO), que documenta cómo en 2023 el carbón representó el 17,5% de la generación eléctrica de Israel. Esa electricidad, según el estudio, abastece tanto infraestructuras civiles como asentamientos en Cisjordania y bases militares.

Las organizaciones también invocan el reciente informe de Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU sobre Palestina, titulado Gaza Genocide: a collective crime, en el que se advierte de que los Estados que faciliten el tránsito de materiales estratégicos hacia Israel podrían incurrir en complicidad en crímenes internacionales.

El Derecho del Mar como argumento jurídico

Rescop va más allá de la denuncia política y esgrime un marco legal concreto: los artículos 19 y 25 del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Unclos). Estos preceptos permiten a un Estado costero denegar el paso inocente de un buque por sus aguas territoriales cuando su tránsito contravenga normas del derecho internacional. Según las organizaciones, España tiene la obligación jurídica de actuar en virtud de esos artículos y de los compromisos internacionales de prevención del genocidio.

El comunicado reclama "una respuesta inmediata" antes de que el Seafighter alcance el Peñón y pide la ampliación del actual embargo de armas a Israel hasta convertirlo en un "embargo integral" que incluya carbón, combustibles y otros materiales con posible uso militar, además de controles efectivos en puertos y aeropuertos españoles.

Un coloso de 292 metros operado desde Grecia

El Seafighter es un veterano de los mares. Construido en 2015, pertenece a la clase Newcastle/Capesize, con 292 metros de eslora, 45 de manga y 17,5 de calado. Está registrado bajo bandera de Malta y es operado por Thenamaris, una de las principales navieras griegas del sector de graneles secos.

El buque zarpó del puerto sudafricano de Richards Bay el pasado 12 de octubre y, según los últimos registros del sistema AIS (Automatic Identification System), su posición fue actualizada hace una hora mediante señal terrestre. Su estado operativo figura como "under way" (en navegación), manteniendo curso estable hacia Gibraltar.

Ni Thenamaris ni las autoridades portuarias de Gibraltar ni el Gobierno español han emitido declaraciones públicas sobre las denuncias ni sobre la naturaleza exacta del cargamento. Mientras tanto, el Seafighter continúa su ruta hacia el Estrecho, ajeno —al menos en apariencia— a la tormenta política que navega a su estela.