Coordinadora reclama prioridad en la contratación de los estibadores actuales
El sindicato sostiene que la liberalización planteada por Fomento precarizará el empleo
"Queremos que se cumpla la sentencia del tribunal europeo, pero no así", afirma Cabello
El coordinador de zona para Andalucía, Ceuta y Melilla del sindicato Coordinadora, Manuel Cabello, valoró ayer que la reforma del sector de la estiba en España debe ser afrontada desde el máximo consenso, por lo que rechazó las pretensiones del Ministerio de Fomento de liberalizar la actividad a través de un decreto-ley. En su lugar, Coordinadora abogó una vez más por aplicar el principio de acuerdo pactado con la patronal para que, ante una liberalización, haya garantías de mantenimiento del empleo.
El representante andaluz del sindicato recordó que las cuatro centrales con representación entre los estibadores -CCOO, UGT y Siga además de Coordinadora- pactaron con la patronal Anesco (Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias) una propuesta en la que se abría el mercado a la contratación libre, pero con garantías de prioridad en la contratación para los estibadores que actualmente ejercen la profesión a través de un registro oficial de estibadores con prioridad para éstos sobre los nuevos.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reclama a España una modificación desde diciembre de 2014, cuando una sentencia estimó que el modelo español vulnera la libertad de establecimiento. El máximo representante del sindicato en Andalucía criticó que las pretensiones de Fomento van más allá de lo que obliga Bruselas y persiguen precarizar el sector. "El sector tenía un principio de acuerdo que se basaba en la protección del empleo que ahora se obvia. La sentencia de la UE no cuestiona el modelo de las Sagep, todo lo contrario. Creemos que el nuevo ministro se está dejando asesorar mal. Porque con el anterior Gobierno y la ministra Ana Pastor mantuvimos reuniones y ellos tenían entonces mayoría absoluta para realizar una reforma sin problemas. Y no lo hicieron entonces. El ministro De la Serna o no lo entiende o miente", reflexionó Cabello.
La propuesta de Fomento, que trascendió el pasado viernes, plantea la extinción de las empresas que actualmente controlan esta actividad en cada uno de los puertos: las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep). La extinción de estas empresas y su sustitución por un mercado de contratación libre en un plazo no superior a tres años son las principales claves de la modificación que Fomento prevé poner en marcha con urgencia.
El representante regional de la central mayoritaria en la estiba reclamó al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que se abstenga de llevar una reforma en dichos términos al Consejo de Ministros y que se retome la búsqueda de un acuerdo que permita elaborar un texto que satisfaga a las tres partes. "La reforma que ha planteado Fomento es inadmisible porque supondría precarizar el sector y porque se plantea sin posibilidad de negociar nada", afeó Cabello.
La norma que Fomento quiere poner en marcha contempla la desaparición de las Sagep -cuya plantilla está formada por todos los estibadores de cada puerto y en cuyo capital deben participar obligatoriamente todas las empresas estibadoras de cada puerto- o bien su reconversión en centros portuarios de empleo, una suerte de Empresa de Trabajo Temporal (ETT). Con el nuevo modelo, los trabajadores podrán subrogarse a las compañías estibadoras o bien pasar a estos nuevos centros de empleo. Algo que para Coordinadora supondría un despido masivo de estibadores para rebajar los salarios.
"Ese modelo que plantea Fomento no es lo que dice la sentencia. Queremos que se dé cumplimiento a la sentencia del tribunal europeo, pero no así. Sería entrar en una guerra sin sentido", resaltó Cabello. El coordinador andaluz sostuvo que la regulación de la estiba es una de las pocas materias en las que España tiene plena potestad, mientras que el ministro De la Serna dijo lo contrario el viernes, alegando que los cambios deben acomodarse a lo que preconiza la Comisión Europea.
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