Una médico de la UCI del Hospital de La Línea, agredida por un paciente

Una facultativa de la UCI del Hospital de La Línea ha sido agredida físicamente por un paciente, lo que ha llevado al Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este a activar su Plan de Prevención de Agresiones.

Desde el Área, además de condenar los hechos, se ha puesto a disposición de la profesional afectada todos los recursos necesarios.

La Consejería de Salud y Consumo cuenta con diversos instrumentos de lucha contra esta lacra en el marco del Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, que entró en vigor hace dos años. Uno de ellos es la comisión provincial contra las agresiones a profesionales de centros sanitarios que pretende encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales.

En dicha comisión provincial, presidida por la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, quien ha condenado lo sucedido, se cuenta con la participación del interlocutor sanitario, el interlocutor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto de Cádiz como de Algeciras. También están presentes la asesoría jurídica y la Secretaría General de la Delegación Territorial de Salud y Consumo, así como los referentes en materia de agresiones de los hospitales, distritos, áreas sanitarias y el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de la provincia.

Aparte de los instrumentos mencionados, recientemente se ha creado el Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz, como ha recordado la Junta, un instrumento contemplado en el Plan de Prevención de Agresiones cuyo objetivo es proponer medidas factibles, acordes y pertinentes contra esta lacra y en el que participan los colegios profesionales.

Asimismo, gracias a la nueva Ley de Función Pública de Andalucía, los profesionales sanitarios y el personal de gestión y servicios de la comunidad, en el desempeño de las funciones que tengan asignadas en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, tendrán la consideración de autoridad pública y gozarán de la protección reconocida a tal condición por la legislación vigente.

Según ha apuntado la Junta, la agresión física o intimidación grave contra personal sanitario en el ejercicio de su función pública asistencial es considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.