La Línea de la Concepción, 13 de diciembre de 2017. La cita tiene lugar en la sede una empresa local dedicada a la construcción. Están presentes cuatro personas: dos de los supuestos estafados, el padre de uno de ellos y propietario de la empresa y uno de los cuatro miembros de la trama fraudulenta. Este último se mete en el bolsillo los 40.000 euros que las dos presuntas víctimas le acaban de pagar en efectivo bajo la promesa de colocarles como estibadores en el Puerto de Algeciras. No hay contrato ni recibo alguno del dinero entregado, pero la capacidad de convicción del conseguidor es tan grande y su aparente red de contactos en los muelles es tan creíble que días más tarde logra engatusar también al hermano de uno de los primeros, que aporta otros 20.000 euros gracias a un préstamo personal concedido por un banco, no sin obligarle antes a contratar un seguro de vida. El total de la deuda contraída con la entidad es de 20.470,83 euros.

Los padres de otro de los estafados entregaron en su casa al mismo personaje otros 20.000 euros en metálico, sin hacer muchas preguntas; del total, ellos pusieron 17.000 euros, otro de sus hijos 2.000 y el candidato a estibador completó la cifra con 1.000. Pueden darse por afortunados en comparación con otra de las personas que confiaron en los miembros de la trama, a los que abonó 35.000 euros. Para reunir esa cifra, su suegro le prestó 25.000 euros, su padre 2.000 y él puso los 8.000 restantes, prácticamente todos sus ahorros.

Los casos relatados y varios más forman parte de un relato más amplio al que dio pie una red de fraude que tenía su base de operaciones en La Línea. De todo ello se hace eco una pormenorizada denuncia judicial a la que ha tenido acceso Europa Sur, presentada por el bufete de abogados algecireño Viñas de Roa en representación de diez personas. Todas pagaron a ciegas y en vano comisiones por lograr un puesto de trabajo en la estiba: ninguna ha logrado su propósito y tampoco ha logrado recuperar su dinero.

El grupo de Whatsapp de 'Los Supernenes' creado por la red fraudulenta estaba formado por unas 90 personas, en su mayoría víctimas de la estafa

El mínimo que abonaron fueron 20.000 euros y el tope conocido es de 35.000, pero en la denuncia consta también la entrega de varias cantidades de 25.000 y 30.000 euros. El caso ha correspondido por reparto al Juzgado de Instrucción nº 3 de Algeciras, que, a su vez, ha puesto en manos de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de la Policía Nacional de La Línea el inicio de la investigación.

Los supernenes

La cifra de afectados por esta red, sin embargo, supera de largo la decena de personas aunque no todas han dado el paso de acudir a los tribunales o las autoridades policiales. De ello da buena cuenta una de las principales pruebas del fraude: los números de teléfono de los diez denunciantes fueron incluidos por los responsables de la trama ilegal en un grupo de Whatsapp denominado Los Supernenes para ofrecer a todos información sobre el estado de sus solicitudes de empleo y darles instrucciones sobre los pasos a seguir. De ese grupo formaban parte alrededor de noventa individuos, en su inmensa mayoría víctimas igualmente del fraude, lo que da una idea aproximada del volumen de dinero amasado por los cerebros de esta red, aparentemente circunscrita al ámbito de La Línea y que podría haberse embolsado con facilidad una cifra muy por encima del millón de euros, siendo prudentes.

Como otros gremios, la estiba ha sido tradicionalmente un coto cerrado en el que los puestos de trabajo han pasado de unas personas a otras dentro de círculos familiares o de amistad. La inmensa mayoría de los 1.800 estibadores que trabajan en el Puerto de Algeciras ha entrado por esa vía y cumpliendo todos los requisitos legales. No obstante, se trataba de un sistema discrecional que dejaba abierta la puerta al fraude y al cobro de comisiones a quienes carecían de vínculos portuarios.

En marzo de 2018, el sindicato Coordinadora alertó de la existencia de una red corrupta de venta de puestos de trabajo

La estafa de la estiba estalló en 2018 a raíz de que este periódico sacase a la luz la existencia en Algeciras de una amplia trama ilegal que cobraba cuantiosas comisiones a cambio de puestos de trabajo en los muelles y de las investigaciones activadas al respecto por parte de la Policía Nacional. En marzo de ese año, el sindicato Coordinadora, mayoritario en los puertos, alertó públicamente de la existencia de tramas corruptas en los muelles españoles.

Ese proceso fraudulento se había intensificado de forma especial a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014 que obligaba a la liberalización del sector de la estiba y a su apertura a nuevas empresas, con capacidad, por tanto, para elegir a las personas que contrataba.

España asumió el criterio marcado por el tribunal a través del Real Decreto 8/2017, complementado en 2019. Esta norma convulsionó los muelles de forma notable, ya que las sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios (Sagep) dejaban a priori de tener el monopolio de la contratación de los estibadores. En otras palabras, la fiesta llegaba a su fin y, con ello, afloraron las prisas por hacerse con los últimos bocados del pastel.

En ese nuevo escenario ya no iba a ser tan sencillo entrar a trabajar como estibador y quien quisiera hacerlo iba a tener que pagar un alto precio por hacerse con los últimos puestos disponibles antes de la reforma legal. Eso era, al menos, lo que decía la leyenda urbana. La consecuencia fue que la demanda de empleos superó la oferta y que a río revuelto, ganancia de pescadores. De estafadores, en este caso.

Las investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional de Algeciras, que siguen aún en marcha en diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Algeciras, determinan que las cantidades abonadas por los candidatos a estibador iban por lo general de los 15.000 a los 30.000 euros dependiendo del perfil del aspirante, de su afinidad con los intermediarios y de la cercanía de estos últimos con los responsables de confeccionar los listados de candidatos a ingresar como estibadores. Cuantas más manos interviniesen en el negocio, más subía la cantidad a pagar.

La operación Gancho sigue su curso por parte de la Udef en la Comisaría de la Policía Nacional de Algeciras

Hay constancia de algún caso en el que la comisión ascendió a 100.000 euros, una cifra altísima pero asumible para muchos aspirantes dado que el salario medio bruto anual de un estibador que doble turno supera de largo esa cantidad. Al fin y al cabo, para muchos de quienes aflojaron el dinero, se trataba de una inversión de por vida.

Aquel caso partió de una investigación desarrollada motu proprio desde sus inicios por la UDEV de la Comisaría de la Policía Nacional de Algeciras denominada Operación Gancho, aunque debido a la especificidad de los presuntos delitos económicos aparecidos y sujetos a investigación ha pasado recientemente a manos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la misma comisaría y de miembros de esta llegados expresamente desde la central en Madrid.

Aquellas investigaciones dieron pie al desmantelamiento de dos ramas fraudulentas en la estiba, una de las cuales ha conducido a la empresa municipal de Algeciras Actividades de Limpieza y Gestión SA (Algesa), dedicada a la limpieza y recogida de residuos urbanos, donde habrían sido derivados como empleados algunos individuos que pagaron comisiones para trabajar en el estiba pero que no lograron hacerse finalmente con un trabajo en ella.

Nueva denuncia

La nueva denuncia que tramita el Juzgado de Instrucción nº3 establece un relato con muchas similitudes respecto a aquellas otras: promesas de empleo a cambio del cobro de dinero en negro, reuniones reservadas, presiones, amenazas y, finalmente, alguien que se decide a romper el muro de silencio y a tirar de la manta a la vista de poco o nada tiene ya que perder.

Sin descartar una ampliación posterior de la denuncia con más implicados, el procedimiento se dirige de forma expresa contra los cuatro integrantes de la red fraudulenta que de una u otra forma participaron en la estafa, si bien se desconoce el grado de relación real de todos ellos con el mundo de la estiba a pesar de que en numerosas ocasiones se jactaron de ello ante los denunciantes para ganarse su confianza.

“Todos los denunciantes han sido víctimas de las mismas acciones, replicadas a lo largo de dos años”, aproximadamente, desde finales de 2017 y hasta bien entrado 2019, “perpetradas por los sujetos denunciados en tanto cabezas visibles del entramado criminal, sin descartar otros posibles sujetos implicados cuyas identidades podrían desvelarse conforme avance la instrucción y se practiquen diligencias de investigación”, expone la denuncia.