La acusación particular de Roseworld pide 28 años de prisión para el alcalde

La acusación particular en el caso Roseworld, que ejerce José Carrión Capilla, y que se dirime en los juzgados por la venta de cuatro parcelas municipales, presentó ayer en el juzgado su escrito de acusación en esta causa, en el que las peticiones de pena son muy elevadas para los diez imputados.

Así, la acusación particular pide un total de 28 años de prisión para el alcalde, Juan Carlos Juárez, así como 56 de inhabilitación y elevadas multas.

En concreto, solicita para el primer edil diez años de inhabilitación especial para ostentar cargo o responsabilidad pública por un delito de prevaricación continuada de autoridad pública; dos años de prisión por un delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas y una multa de 36.000 euros (24 meses a razón de 50 euros por día); cuatro años de inhabilitación especial para licitar en subastas; seis años de prisión y una multa de 36.000 euros por un delito de estafa con la aplicación de diversos agravantes del artículo 250 del Código Penal; dos años de prisión y 10 de inhabilitación por un delito de fraude; seis años de prisión e inhabilitación absoluta por 15 años por un delito de malversación de caudales públicos; cuatro años de prisión y una multa, así como inhabilitación durante 9 años por un delito de cohecho; cuatro años de multa del valor del duplo de las cantidades criminalizadas por un delito de blanqueo de capitales; y ocho años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por asociación para delinquir.

En el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Sur, los abogados de José Carrión Capilla, Juan Blasco Quintana y Francisco Llamas, solicitan además para Juan Montero, María de la Cruz Atienza y Francisco Muñiz, concejales del Partido Popular, penas de 28 años de prisión y 56 de inhabilitación especial para cargo o responsabilidad pública para cada uno, así como cuatro de inhabilitación para licitar en subastas y multas. Les imputan delitos de prevaricación continuada de autoridad pública; alteración de precios en concursos y subastas públicas; estafa; fraude; malversación de caudales públicos; cohecho; blanqueo de capitales; y asociación para delinquir.

Para el ex concejal de Hacienda y Urbanismo Carlos Ruiz Calama solicita 30 años y seis meses de prisión, 56 de inhabilitación para cargo público y cuatro de inhabilitación para licitar en subastas, así como multas, por delitos de prevaricación, alteración de precios en concursos y subastas; estafa; fraude; malversación; cohecho, delito contra la Hacienda pública; blanqueo de capitales y asociación para delinquir.

Otro de los imputados en esta causa es Agustín Sevillano, ex secretario general del Ayuntamiento, para el que la acusación particular solicita 28 años de prisión y 56 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación continuada; alteración de precios; estafa; fraude; malversación de caudales públicos; cohecho; blanqueo de capitales; y asociación para delinquir. La acusación particular solicita las mismas penas para el ex interventor municipal Sergio Gómez.

En lo que respecta a Anil Thakurdas, administrador de la empresa Roseworld, la acusación particular pide para él 24 años y seis meses de prisión y 31 años de inhabilitación, así como cuantiosas multas, por delitos de alteración de precios; estafa; fraude; cohecho; un delito contra la Hacienda Pública; blanqueo de capitales y asociación para delinquir.

Para Kevin Phelan, supuesto socio de Anil Thakurdas, reclaman los abogados 16 años de prisión y 22 de inhabilitación por delitos de estafa; fraude; blanqueo de capitales y asociación para delinquir.

Finalmente, para Rafael de los Reyes Medina, representante de Abuztúa Inversiones y del Grupo Lábaro, que compró las parcelas posteriormente a la mercantil Roseworld, reclama 19 años de prisión y 22 de inhabilitación por delitos de estafa; fraude; receptación; blanqueo de capitales y asociación para delinquir.