La ejecutiva local del PSOE de La Línea ha trasladado a su asesoría jurídica el expediente para la prórroga de la concesión del servicio de saneamiento, alcantarillado y depuración de aguas de la ciudad a la empresa Aqualia.

El expediente ha sido aprobado este lunes en la junta de comarca de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Los socialistas entienden que contiene "indicios de falta de transparencia" así como que puede no ser ajustada a Derecho. "Planteamos presentar un recurso de reposición contra dicho acuerdo y, de no ser aceptado, interponer las acciones judiciales necesarias", han ratificado, en línea con la información adelantada por Europa Sur el sábado. 

Los argumentos de los socialistas son los siguientes: "En primer lugar, rechazamos el absoluto oscurantismo y la clara falta de publicidad con la que el alcalde, Juan Franco, ha actuado en este asunto. También con que la prórroga de este contrato la decida la junta de comarca y no el pleno de nuestra Corporación local. Si bien es verdad que la Mancomunidad posee la cesión de la gestión de este servicio también lo es que el titular del mismo no es otro que el Ayuntamiento de La Línea y que cualquier modificación sustancial del mismo a quien afecta de forma directa y exclusiva es a la población linense".

Los socialistas entienden que corresponde al pleno linense pronunciarse. "De hecho, en el informe emitido por el secretario general de la Mancomunidad se señala que debe escucharse la opinión de nuestra institución local. De ahí que nos preguntemos qué inconfesables motivos han llevado a Franco a imponer su debate y aprobación por un órgano que no preside y a eludirlo en nuestra Corporación", han agregado. 

El PSOE se muestra además disconforme con la prórroga de un servicio que actualmente está concedido hasta 2026. "El alcalde y su equipo de gobierno deciden prolongar en mitad de la concesión, sin antes haber sometido a estudio cómo está funcionando la empresa concesionaria a la que se pretende alargar el contrato o si se está cumpliendo el pliego de condiciones del servicio, lo que insistimos debe corresponder al pleno del Ayuntamiento porque afecta de forma exclusiva a sus ciudadanos", han remachado.

"Exigimos previamente ese análisis de la gestión de Aqualia porque en la Ejecutiva Local del PSOE somos conscientes del malestar que reina en un amplio sector de nuestra población, precisamente en este momento, con la misma, por lo que nos parece el momento más inoportuno para aprobar su prórroga de forma unilateral", según el comunicado emitido por el PSOE este lunes. 

La formación también discrepa con el "excesivo plazo de prórroga" de quince años, superior incluso al de la concesión original (12). "Nos lleva a hipotecar el futuro del servicio de alcantarillado y depuración de aguas de nuestra ciudad hasta 2041", calculan.

"Entendemos que difícilmente el acuerdo que este lunes se pretende aprobar en la junta de comarca va a poder ajustarse a los principios legales de publicidad y concurrencia que los mismos informes del secretario general y del interventor de fondos de la Mancomunidad consideran de obligado cumplimiento. No basta con apelar al interés público de determinadas obras que se van a ejecutar, sino que además hay que cumplir los preceptos legales. Ya la propuesta de acuerdo original contó con el rechazo de varios alcaldes por esta misma cuestión, lo que ha obligado a incorporar modificaciones de última hora, lo que unido a las consideraciones de los puntos anteriores, nos hace ahondar en la idea de la falta de transparencia del alcalde", recalcan los socialistas.

La formación socialista recuerda que en el año 2005 el entonces alcalde de La Línea, el gilista Juan Carlos Juárez, aprobó una actuación similar y que cuatro años después, en 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la anuló "tras dejar claro en su sentencia que el Ayuntamiento no puede pagar las obras ejecutadas por una empresa prorrogándole la concesión del servicio, sino solo con una compensación económica".

A su vez, "una medida de estas características, como la que ahora Franco pretende llevar a cabo a cambio de la realización de una serie de obras de mejora en la estación depuradora, es contraria a Derecho porque incumple los preceptos legales de publicidad y libre concurrencia, al impedir que otras empresas puedan presentar ofertas", han advertido los socialistas.