Asociaciones de bebés robados piden la creación de un banco de ADN público

Las asociaciones de bebés robados -en La Línea los afectados están representados por una delegación de la Asociación de Bebés Robados en Andalucía (Aberoa)- han solicitado al Gobierno andaluz que estudie la posibilidad de crear un banco público de ADN en Andalucía que ayude a aclarar estos casos, según explicó la portavoz de estas asociaciones, María Bueno. Tras una reunión de una hora y media con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, María Bueno explicó a los periodistas que además de la creación de ese banco de ADN bajo tutela pública, los familiares directos de los bebés robados solicitan la condición de víctimas -al igual que sucede con las víctimas del terrorismo- el acceso a la justicia gratuita y que los fiscales unifiquen sus criterios en los casos judicializados.

En cuanto a los fiscales, Bueno recordó la circular de la Fiscalía General del Estado de 2012 advirtiendo de que estos delitos no prescriben, en contra de la situación generalizada en los casos que han llegado a los tribunales, que acaban siendo archivados por considerarlos prescritos no porque no tengan indicios de delito.

Como una "causa por delitos de lesa humanidad" calificó Bueno al conjunto de ciudadanos que están buscando a sus hijos, sus hermanos o sus madres por casos de bebés que fueron sustraídos a sus madres -mujeres que estaban en precaria situación soioeconómica- durante la dictadura y aún en el periodo de la transición.

Bueno recordó el auto del juez Baltasar Garzón en el que calculaba que en España se han dado 30.000 casos por una "trama terrible" originada durante la dictadura y que fue extendiéndose por todo el país. En Andalucía se calculan no menos de mil casos, unos setenta de ellos judicializados en el Campo de Gibraltar, de los que la mayoría se dieron en La Línea.

También lamentó que hayan sido condenados en costas algunos afectados por haber planteado recursos a decisiones judiciales que no les eran favorables o archivaban los asuntos o los consideraban prescritos, y que una de las litigantes afectadas haya sido condenada en Almería a pagar una indemnización de 40.000 euros por una acusación contra otra persona.

También criticó que algunos de los casos denunciados en Andalucía hayan sufrido secretos sumariales de más de tres años y que se hayan dado resoluciones judiciales en las que se haya entrado a valorar la situación emocional del demandante.