Araujo reconoce una deuda de 123.225€ al abogado del PSOE y evita pleitearla
Firma un decreto en el que ordena a la asesoría jurídica municipal que no litigue y acate la tasación del Colegio de Abogados · El letrado llevó el caso de Aqualia cuando este partido estaba en la oposición
La alcaldesa, Gemma Araujo, ha firmado un decreto por el que reconoce una deuda del Ayuntamiento de 123.225,14 euros al abogado Marcos de Felipe, que llevó la denuncia presentada por el PSOE contra Aqualia cuando este partido estaba en la oposición, y evita impugnarla.
Araujo firmó el pasado día 2 de abril un decreto por el que reconoce dicho débito y en el que ordena a los servicios jurídicos dejar de litigar por los honorarios que reclama al Ayuntamiento este letrado, ya que el Consistorio fue condenado a pagar las costas del proceso. La regidora aseguró que esta deuda no ha sido pagada ni ha dado orden para abonarla.
En el decreto firmado por la alcaldesa en abril se señala que actualmente se sigue en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Algeciras el procedimiento de ejecución seguido a instancias de Miguel Tornay contra el Ayuntamiento, "una ejecución jurisdiccional dimanante de un procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales que se reduce a la impugnación, por parte del servicio jurídico municipal, de las tasaciones de costas. Con el fin de dar término al procedimiento de ejecución y imitándose la cuestión litigiosa a la determinación de los honorarios del letrado de la parte actora, existiendo disparidad de criterios respecto a la fijación de los mismos y su cuantía, el Ayuntamiento y el letrado solicitaron un informe al Colegio de Abogados de Cádiz para que se pronunciase". En febrero de 2012 el Colegio fijó el importe de los honorarios del letrado en 123.225,14 euros.
Araujo resuelve aceptar el informe del Colegio de Abogados, ordenar a los servicios jurídicos municipales "que se ajusten al contenido del mismo y que actúen en consecuencia en el procedimiento ejecutivo, dando traslado del informe al citado juzgado e incluso transigiendo con la parte actora la fijación de dicha cuantía como determinación definitiva de las costas".
Por último, resuelve notificar la resolución a la asesoría jurídica, a la Intervención de Fondos ya la Tesorería Municipal "a los efectos oportunos".
Araujo aseguró que dicho decreto es "únicamente" un reconocimiento de la deuda con este letrado al perder el Ayuntamiento este proceso y ser condenado a pagar las costas.
Asimismo, explicó, tal y como señala en el decreto, que el importe de la minuta de este letrado ha sido fijado por el Colegio de Abogados de Cádiz y que a través del documento firmado en abril se reconoce la deuda y se informa de la misma a la Intervención de Fondos y a la Tesorería Municipal.
"Todo viene porque el PSOE interpuso un pleito a Aqualia y lo ganamos en el TSJA, que condenó al Ayuntamiento -que se adhirió al recurso que presentó la empresa- a pagar las costas. El abogado del PSOE ha pasado la minuta al Ayuntamiento estando ya nosotros en el gobierno pero el Consistorio al no estar de acuerdo con la misma elevó consulta al Colegio de Abogados, que es el que la ha tasado finalmente. Lo que hemos hecho ahora es reconocer que nos han condenado en costas y que tenemos que abonar esta cantidad pero este dinero no se ha pagado", señaló.
Araujo añadió que tampoco ha ordenado el pago de esta cantidad. "Este dinero no se ha abonado y las circunstancias en la que nos encontramos no hace prioritario este pago", añadió.
En diciembre de 2009, Araujo, en calidad de secretaria general de la agrupación local del PSOE, compareció en rueda de prensa acompañada de Marco de Felipe para informar que el TSJA ratificaba la anulación de la ampliación del contrato a Aqualia al desestimar el recurso presentado por la empresa al que se adhirió el Ayuntamiento. Este fallo obligaba al Consistorio a devolver a la concesionaria 4,7 millones de euros.
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