La corbeta 'Infanta Cristina' vuelve a levantar protestas de las autoridades del Peñón

La corbeta Infanta Cristina de la Armada española, ha vuelto a protagonizar un incidente en aguas gibraltareñas cuando regresaba de una operación antidroga en aguas del mar de Alborán. Fue a primera hora de ayer cuando, según informó la GBC, hubo lo que las autoridades del Peñón califican como una "incursión ilegal en aguas territoriales británicas por parte de un buque español". Se trata del mismo buque que protagonizó una entrada en lo que las autoridades gibraltareñas consideran aguas bajo su jurisdicción y se realizó en parecidos términos que la ocurrida el pasado 6 de junio, cuando el capitán del patrullero español respondió que se encontraba en aguas territoriales de España antes de cortar la comunicación.

Como en aquella ocasión, una patrullera de la Royal Navy salió a interceptar la corbeta de 90 metros de eslora en aguas de Punta Europa. La HMS Scimitar se aproximó al buque de la Armada en el lado Este de la Roca.

Cuando se estableció contacto mediante un mensaje en radio VHF, el capitán del buque español alegó que estaba en aguas españolas antes de cortar la comunicación, igual que hiciera hace dos meses cuando, como ahora, respondió en español.

La corbeta había participado el pasado domingo en una operación en la que localizó a una embarcación en el Estrecho de Gibraltar a ocho millas al Levante de Punta Europa, a la que siguió durante más de cuatro horas hasta que arrojó su carga y puso rumbo a Cabo Negro en Marruecos.

Fuentes del Gobierno de Gibraltar, repitieron el lenguaje que utilizan para este tipo de actuaciones y aseguró que "está tratando el incidente como una violación de la soberanía y una violación de la convención de la ONU sobre el derecho del mar", por lo que se espera una "protesta formal ante los organismos internacionales".

El pasado viernes se denunció en la Cámara de los Lores que los buques de la Armada habían realizado 180 incursiones entre el 1 de marzo y el pasado 22 de julio, algo que la dimitida secretaria de Estado británica, Sayeeda Warsi, aseguró que se trataba de una actitud "inaceptable, además de completamente ilegales, injustificadas y desproporcionadas".