Brexit El acuerdo de Gibraltar incluye la nivelación fiscal y presencia española en el Peñón

  • Se incluirán medidas en IVA e impuestos especiales, con atención al tabaco, el alcohol y el combustible

  • Españoles y gibraltareños compartirán un espacio de oficinas en el aeropuerto

Aduana entre La Línea y Gibraltar

Aduana entre La Línea y Gibraltar / Erasmo Fenoy

España y Reino Unido alcanzaron la pasada Nochevieja un pacto in extremis que cambiará por completo las relaciones sobre Gibraltar y del Peñón con su entorno, hasta el punto de que supondrá la desaparición de la Verja, el paso aduanero que, de fructificar el principio de acuerdo en forma de tratado europeo, no será necesario al trasladar los controles de la Unión Europea al puerto y aeropuerto de Gibraltar. Para conseguir ese objetivo principal de eliminar las dificultades que supondría establecer una frontera con todas sus condiciones en la Verja, España y Reino Unido han acordado aplicar medidas niveladoras en materia de IVA, impuestos especiales y trazabilidad de los productos del tabaco, que Gibraltar aplique la legislación aduanera de la Unión Europea y que España participe de forma directa en el control fronterizo, incluida la presencia de funcionarios españoles en Gibraltar, punto este último que ha sido uno de los grandes motivos de fricción durante la negociación.

Estos son los puntos principales del documento. Precedidos por un preámbulo clave: ambos estados mantendrán intactas sus posiciones jurídicas en materia de soberanía sobre la Roca.

Aplicación del acuerdo Schengen en Gibraltar

La base de la futura relación de Gibraltar con su entorno será la aplicación en el Peñón del acuerdo Schengen, de forma que aeropuerto y puerto se conviertan en las zonas de control fronterizo de la UE. En esas dos zonas habrá doble control: en un primer término, Gibraltar autorizará o no la entrada en su territorio conforme a la legislación de Reino Unido. Y después, será España, como estado miembro, la que realizará el control conforme a las normas y bases de datos Schengen, decidiendo en instancia última sobre la entrada. Las condiciones exigidas a los que llegan serán por tanto acumulativas.

Las autoridades españolas y gibraltareñas, especifica el acuerdo, llevarán a cabo los controles cuando sea necesario en las instalaciones portuarias y el aeropuerto. En este último, habrá un espacio de oficinas que compartirán funcionarios españoles y gibraltareños. Durante los cuatro años de implementación del acuerdo se solicitará la asistencia de la agencia europea de fronteras, Frontex (en la que también participan agentes españoles).

Gibraltar tendrá que aplicar el arancel exterior común y la legislación de la UE en materia de aduanas, impuestos especiales e IVA.

En sentido figurado y de cara a la galería -especialmente, de puertas adentro del Peñón- los agentes de la agencia europea vendrán a ser una suerte de cascos azules entre dos partes que, aun estando obligadas a trabajar juntas a partir de ahora, se seguirán mirando de reojo. Tan sensible es el asunto que el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, alegaba en su discurso de Año Nuevo este lunes que “independientemente de lo estipulado en el acuerdo o Tratado, ningún agente de Frontex podrá operar en Gibraltar, salvo con permiso proporcionado por una ley aprobada por el Parlamento de Gibraltar”.

Cuando pasen esos cuatro años, establece el principio de acuerdo, habrá una ronda de consultas para determinar si se sigue o no adelante con él. El convenio bilateral alude, igualmente, a la necesidad de reforzar la cooperación judicial y policial.

Trabajadores transfronterizos

Eran un objetivo prioritario y como tal los derechos de los trabajadores transfronterizos aparecen incluidos en un anexo del principio de acuerdo. En él se recoge que el nuevo sistema que se ponga en marcha deberá garantizar al menos “la igualdad de trato respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo”.

En cuanto a la concesión de los permisos laborales, se plantea que el tratado tenga en cuenta una definición del trabajador transfronterizo lo más amplia posible y un acceso preferente al mercado de trabajo. Asimismo, se plantea que la solicitud del permiso pueda hacerla el empleador o el empleado y la inexistencia de limitaciones por ocupación. Se otorgará a los trabajadores un documento físico que los acredite como tales. También, se prevé una coordinación en materia de Seguridad Social.

Mecanismo financiero

El principio de acuerdo también prevé como posibilidad la creación de un mecanismo financiero de cohesión entre el Campo de Gibraltar y Gibraltar en cuestiones de formación y empleo, con financiación de la UE.

El Peñón de Gibraltar visto desde La Línea El Peñón de Gibraltar visto desde La Línea

El Peñón de Gibraltar visto desde La Línea / Erasmo Fenoy

Movilidad aduanera

La eliminación de la barrera física entre Gibraltar y La Línea de la Concepción requerirá también de la aplicación de salvaguardias en materia aduanera “para evitar distorsiones en el mercado interior, en particular en la economía de la región”, en relación al Campo de Gibraltar y Andalucía. El futuro tratado europeo recogerá la aplicación en Gibraltar del arancel exterior común y de la legislación de la UE en materia de aduanas, impuestos especiales e IVA o los sistemas informáticos.

Europa deberá contar con información precisa sobre las importaciones de Gibraltar y habrá dos puntos aduaneros en España para los trámites que lo requieran. La UE realizará labores de supervisión y se prevé incluir en el tratado salvaguardias ante incumplimientos de la legislación de la UE, como la posibilidad de reintroducir los controles aduaneros.

En cualquier caso, remarca el documento, será necesario abordar el IVA sobre las mercancías y la aplicación de impuestos especiales sobre productos “sensibles” como el tabaco, alcohol y combustible, así como determinar “medidas equitativas en condiciones de igualdad”. En la negociación del tratado europeo, España desempeñará “un papel especial” en el acuerdo entre la UE y Reino Unido en esta materia como Estado miembro con plena pertenencia a la Unión Aduanera de la UE.

Igualdad de condiciones

El documento vuelve a incidir en las diferencias fiscales entre Gibraltar y el territorio vecino en otro apartado del acuerdo, el de igualdad de condiciones “en las áreas en las que puedan producirse distorsiones, en particular en términos de medio ambiente, ayudas estatales y cuestiones sociales”. Así, el principio de acuerdo recoge que se arbitrarán disposiciones específicas en materia de impuestos y “para garantizar la trazabilidad de los productos del tabaco”. Una armonización que es una de las principales reclamaciones en este lado de la Verja y que ya se trató en la negociación de los cuatro memorandos entre España y Reino Unido que regularon el periodo de transición del Brexit y cuya aplicación sigue extendiéndose.

Se plantea la creación de un mecanismo financiero de cohesión entre el Campo de Gibraltar y Gibraltar en cuestiones de formación y empleo, con financiación de la UE.

Medio ambiente

El principio de acuerdo también persigue acabar con la antigua disputa en torno a algunas actuaciones de Gibraltar en materia de medio ambiente. Así, el futuro tratado garantizará que el Peñón no ejecutará ni mantendrá ninguna medida que suponga reducir el nivel de protección medioambiental previsto en las normas europeas.

Visados

Las embajadas y consulados españoles serán las instituciones competentes para la expedición de las denominados Visa Schengen, visados de corta duración. España se compromete a informar a Gibraltar de las solicitudes de visado y el Peñón tendrá que alinearse con la política europea en esta materia.

Los permisos de residencia sí corresponderán a las autoridades gibraltareñas, pero solo serán válidos para la residencia en Gibraltar y tendrán que tener en cuenta cualquier oposición que pueda formular España. El Gobierno llanito también tendrá que garantizar que su política de permisos de residencia va en línea con las normas europeas y está basada en “la existencia de vínculos reales con Gibraltar”. Los visados de larga duración que puedan exigir los beneficiarios de los permisos de residencia sí serán expedidos por España.

En materia de asilo se aplicará la normativa gibraltareña y serán las autoridades del Peñón las encargadas de tramitar las solicitudes y ejecutar un posible retorno, aunque esta última decisión estaría sujeta a consultas con la CE para comprobar que no contraviene el derecho comunitario.

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