DESDE el mismo día en que Alfonso Guerra lanzó su ataque a la independencia de la juez Mercedes Alaya, al relacionarla con buscada ambigüedad con el también magistrado y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, consideré que el aguijonazo del ex vicepresidente podría tener un efecto bumerán.

La apelación a una supuesta connivencia entre la juzgadora y el PP por esa "fuerte relación" a la que aludió Guerra traería consecuencias. Una de ellas, no verbalizada hasta este momento, es que ponía a la magistrada ante la tesitura de parar toda actividad instructora en la campaña o, por el contrario, dictar un auto comprometedor para el PSOE antes de las votaciones, como ya había hecho con IU en la campaña municipal. Algo, admito, llamativo.

Las cábalas de que la juez, que tiene entre manos unas fechorías que suponen ya la defraudación de unos 30 millones de euros -lo que da para muchísimas chaquetas de pana- optase por el refranero -quien calla otorga- se me antojaban improbables, máxime cuando ha demostrado hasta ahora no achantarse frente a las alegaciones, obstruccionistas o no, del Gobierno andaluz. La acusación sin pruebas de Guerra -grave porque implicaría la prevaricación de la juez- no está amparada a mi juicio por la flexibilidad que da la política para ejercer la crítica, que es aún más laxa en campaña. Al contrario, lo llamativo habría sido que no interviniese el Poder Judicial. Pero sobre todo, la andanada le dio a Alaya el argumento perfecto para dictar un auto al final de la campaña.

Pero la ocurrencia de Guerra cosechó otra réplica: el mismo día que la juez respondía comprometiendo al presidente Griñán, su consejera Aguayo y el ex presidente Chaves, el Consejo de Gobierno anunció otra denuncia recordando que es el Ejecutivo andaluz quien descubre la corrupción y la envía al juzgado y evitar así la confusión de los que quieren minusvalorarla o taparla.