La juez que investiga la trama de las ITV sospecha que el ex diputado de CDC Oriol Pujol cobró, a través de su mujer, Anna Vidal, 700.000 euros en comisiones entre los años 2005 y 2012 por utilizar su influencia política para beneficiar proyectos de un empresario amigo, entre ellos deslocalizaciones.

Así lo sostiene la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, Sílvia Pérez Mejía, en el auto en que acuerda acumular en la misma causa la trama de las ITV -que vuelve a estar en sus manos al dejar Oriol Pujol de ser aforado- y la investigación por los pagos recibidos por Anna Vidal por su asesoramiento en operaciones de reconversión industrial.

La juez ha decidido unir ambas investigaciones al entender que arrojan indicios de un mismo delito de cohecho que el exdiputado de CDC -también imputado por tráfico de influencias en la trama de las ITV- habría cometido al cobrar supuestamente comisiones a través de su esposa por "servicios prestados en atención a sus influencias políticas". La magistrada, que basa sus sospechas en informes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, cree que la esposa de Pujol enmascaró el pago de comisiones mediante las facturas que giró a las empresas de Sergi Alsina, amigo del ex diputado convergente, por "servicios no prestados realmente".

UPyD se querelló ayer en la Audiencia Nacional contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por su presunta vinculación con cuentas bancarias en el principado de Liechtenstein y contra toda la familia Pujol por "corrupción organizada", informó el abogado de la formación, Andrés Herzog.

Según Herzog, la intención de UPYD al presentar estas dos querellas y la que han interpuesto en el Juzgado de Barcelona, en el que se investiga a Jordi Pujol tras su confesión de haber tenido una fortuna oculta en el extranjero, es conseguir que se acumulen en un único juzgado todos los hechos relacionados con la familia Pujol.