El "sabotaje" de los cables de cobre que apagó para siempre la A-7 en la bahía de Algeciras

Algeciras/Durante años se creyó que era una avería. Una de esas que se alargan sin explicación, como las gripes mal curadas o las obras que se eternizan. Primero falló una farola. Después otra. Luego vino la noche entera. A partir de entonces, conducir por la A-7 entre Algeciras, Los Barrios, San Roque y La Línea de la Concepción empezó a parecer una boca de lobo con tráfico pesado.

Pero no era una avería. Fue un robo. O, mejor dicho, muchos. Entre 2010 y 2014, los ladrones de cobre convirtieron la autovía que vertebra la bahía de Algeciras en un tablero de Monopoly donde se jugaba al expolio eléctrico. Robaban a oscuras, de día y de noche, tirando de los cables con coches como quien arranca una raíz. Quemaban el plástico y vendían el metal a chatarrerías amigas, cómplices de una trama que dejó sin luz no solo a calles y barrios enteros, sino también a la principal arteria por carretera de la comarca.

Y aquí estamos, más de una década después, con los mismos postes, los mismos brazos metálicos extendidos como esperando una lámpara que nunca llega, y los mismos tramos de la A-7 sumidos en un apagón permanente que ya nadie parece dispuesto a solucionar.

Una autovía a ciegas

La A-7 atraviesa el Campo de Gibraltar como una columna vertebral por la que transitan cada día miles de vehículos. Desde La Línea hasta Algeciras, pasando por Taraguilla, Guadacorte o Los Cortijillos, esta autovía sostiene buena parte del tráfico comarcal, turístico y logístico de la zona. Pero, al caer la noche, partes enteras de su trazado desaparecen de la vista.

La mayoría de los postes están ahí, erguidos y vacíos. Como esqueletos de una promesa no cumplida. La iluminación fue instalada en 2007, cuando aún se hablaba del futuro en términos optimistas. Pero poco duró la claridad.

Entre 2010 y 2014, la fiebre del cobre se desató en todo el país, pero tuvo en el Campo de Gibraltar una de sus zonas más castigadas. El precio del metal rondaba los 4,5 euros por kilo, y el método seguido por los ladrones para robarlo era tan rudimentario como eficaz: abrían una arqueta, cortaban los cables, los enganchaban al coche y tiraban. Kilómetros enteros se esfumaban en minutos.

Solo en Algeciras, en el transcurso de un año, se registraron 54 robos. Avenidas como Oceanía, Andalucía, Victoria Eugenia, la bajada del cementerio o calles como Buitre, San Luis o Arbolitos quedaron sin luz. Y uno de los puntos más afectados fue, precisamente, la autovía A-7, en tramos que hoy siguen apagados.

Entonces, como ocurrió el pasado 2 de mayo con la red ferroviaria, se hablaba de sabotajes. Pero entonces eran robos organizados para vender el material.

El pasado domingo, en plena operación retorno del puente de mayo y con la Feria de Sevilla a las puertas inaugurada, 300 metros de cable fueron sustraídos en cinco puntos críticos de la vía ferroviaria a su paso por la provincia de Toledo. Lo robado apenas alcanza los mil euros de valor, pero el daño fue letal: trenes parados, datos de circulación interrumpidos, casetas destrozadas y la única cámara de vigilancia destruida antes del golpe. El propio ministro Óscar Puente lo llamó "acto de grave sabotaje".

No fue un robo por dinero, dice el Gobierno. Fue un sabotaje planificado, ejecutado con precisión quirúrgica y alevosía tecnológica. Y sin embargo, resuena aquel eco del pasado: el mismo cobre, la misma impotencia.

¿Y quién enciende la luz?

Consultado por este periódico, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible asegura que no procede iluminar el tramo de la A-7 entre Algeciras y San Roque, ya que no cumple con los criterios mínimos de tráfico ni climatología que marca la normativa vigente (Orden Circular 36/2015). Según esta norma, en el caso de autovías, la instalación de alumbrado solo está justificada cuando discurren por suelo urbano en ambas márgenes y, además, se cumple alguna de las siguientes condiciones:

• Que la intensidad media diaria de vehículos (IMD) sea igual o superior a 80.000 vehículos.
• O bien, que la IMD sea igual o superior a 60.000 vehículos y que se registren más de 120 días de lluvia al año.

Pero hay otro matiz importante: “Por peticiones de los propios Ayuntamientos, se produjo la transferencia del mantenimiento de estas instalaciones”, dice el Mitma.

Es decir: las farolas no se encienden porque ya no le corresponde al Estado, sino a los municipios. Pero los municipios, por falta de medios, por miedo a nuevos robos, por falta de presupuesto o por simple abandono, no las encienden tampoco.

Y mientras tanto, se siguen produciendo “actos vandálicos y continuos robos de cable y otros elementos eléctricos que impiden que se pueda iluminar”, concluye el Ministerio de Transporte en su respuesta.

El resultado es una carretera de primera con servicios de tercera. Es como conducir por África.

Desde hace años, vecinos y colectivos reclaman que se reactive la iluminación. No solo por comodidad, sino por seguridad. La oscuridad multiplica el riesgo de accidentes. Tal vez haya que esperar otra década. O tal vez no. Pero mientras tanto, los coches seguirán cruzando la noche a ciegas. Y las farolas, como esqueletos de luz, seguirán apuntando al vacío.