El titular del juzgado número 5 de Algeciras ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de los seis detenidos de una misma familia a las que se les acusa de mantener un entramado empresarial que a lo largo de los últimos diez años habría blanqueado más de 4 millones de euros procedentes del tráfico de cocaína en España, utilizando el Puerto de Algeciras.
Entre las personas que han ingresado en la cárcel, tres hombres y una mujer, se encuentra Juan Salvador Astoreca, profesor asociado de Organización de Empresas entre 2009 y 2019 en la Universidad Pablo de Olavide y funcionario de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
A otra de las detenidas le han sido impuestas medidas cautelares.
Entre las personas que han sido enviadas a prisión se encuentra también un agente de Policía Local de Algeciras, arrestado en Los Barrios junto a su esposa, y tres personas más.
Juan Salvador Astoreca, economista y conocido entre los más cercanos como Gaizca, fue arrestado a primeras horas de la mañana del miércoles 8 por miembros del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), según informaron a Europa Sur fuentes de la Benemérita. Los agentes, según las mismas fuentes, hallaron en su domicilio, situado en la calle Torneo, miles de euros en efectivo, varios relojes de lujo de la marca Rolex y alrededor de cincuenta cuadros comprados en subastas que ni tan siquiera habían sido desembalados.
En el dispositivo desarrollado con trece registros en Algeciras, Los Barrios, Marbella y Sevilla participaron más de 200 agentes de la Guardia Civil. La Benemérita, además de los citados cuadros y de los relojes de lujo, intervino casi 800.000 euros en efectivo (600.000 en billetes de euro y 200.000 en francos suizos), un lingote oro valorado en 50.000 euros y abundante documentación, clave para determinar el modus operandi del clan.
Tres agentes de la Guardia Civil conversan durante uno de los registros.
Una vez analizados los movimientos de 35 cuentas bancarias con más de 31.600 apuntes, los investigadores constataron la existencia de un entramado empresarial -centrado en los sectores textil, agrícola e inmobiliario- que habría logrado blanquear en los últimos 10 años un total de 4.154.659,2 euros en metálico. Como resultado, el juzgado, a petición de la Fiscalía Antidroga, ha acordado el bloqueo preventivo de 52 inmuebles valorados en 1.743.646,52 euros, ha intervenido tres fincas agrícolas con más de 380.000 metros cuadrados dedicados al aguacate (valoradas en 1.940.000 euros) y ha prohibido la transferencia y venta de 17 vehículos valorados en 332.697.29 euros.
Igualmente, bloqueó las 35 cuentas corrientes citadas y se incautó de siete vehículos, seis ordenadores, dos balizas, una raqueta de localización, un distorsionador de voz y varios teléfonos móviles.
La droga, según las fuentes consultadas, era introducida en España a través de contenedores mediante el método de gancho ciego, por el que los traficantes introducen en bolsas varios kilos de sustancia ilícita (en este caso, cocaína) en contenedores, sin conocimiento de las empresas transportistas.
Los registros se llevaron a cabo en tres fincas agrícolas de Los Barrios, en una vivienda de esta localidad, en dos tiendas de ropa de marca localizadas en sendos centros comerciales de Algeciras (Puerta Europa) y Marbella (La Cañada), en tres viviendas de Algeciras, en tres locales de esta ciudad y en el mencionado inmueble de Sevilla.
El dispositivo inició su despliegue a las 6:00 con la participación de los guardias civiles del GRS, de las comandancias de Algeciras, Cádiz y Sevilla, así como de miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR) y del Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (Crain).
Juan Salvador Astoreca fue codirector del grupo de investigación SEJ-058, Centro de Investigaciones Sociales y Migratorias del Estrecho de Gibraltar, configurado por 23 profesores universitarios de la Universidad de Cádiz.
Un portavoz de la UPO manifestó que Juan Salvador Astoreca empezó en 2009 a trabajar como profesor asociado de dicha universidad, donde permaneció de forma intermitente hasta 2019, ya que tuvo periodos de baja. En 2019, el ahora detenido solicitó la suspensión especial de contrato y en 2021 se le concedió de oficio la excedencia voluntaria por interés particular, sin reserva del puesto de trabajo.
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