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La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Comisaría de Algeciras ha desarticulado una sofisticada organización criminal dedicada al blanqueo de capitales mediante la adquisición y transferencia fraudulenta de vehículos de alta gama. El operativo, de alcance nacional, se ha saldado con 11 detenidos en varias provincias españolas, todos ellos relacionados de manera directa o indirecta con actividades ligadas al narcotráfico.
Según ha informado este viernes la Policía Nacional, entre los investigados figuran gestores administrativos, empleados de gestorías, intermediarios del sector del automóvil y ciudadanos sin antecedentes, reclutados por la red para actuar como testaferros o facilitar documentación clave en las operaciones fraudulentas.
Las detenciones se han producido en Algeciras (3), La Línea de la Concepción (2), San Fernando, Jerez, Málaga, Almería, Granada y Tarragona, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en los próximos días.
La operación se inició de forma casi fortuita, tras la denuncia de un ciudadano en situación de vulnerabilidad que recibió una multa por un vehículo que aseguraba no haber poseído nunca. Al comprobar su historial, los agentes descubrieron un dato desconcertante: figuraba como titular de hasta 15 vehículos de alta gama, pese a no contar con recursos económicos que justificaran semejante patrimonio.
Este hallazgo activó todas las alarmas y dio paso a una investigación de gran calado. Las primeras pesquisas revelaron la existencia de una organización criminal perfectamente estructurada, especializada en ocultar la titularidad real de coches adquiridos con dinero procedente del narcotráfico.
En el núcleo operativo de la trama, los investigados captaban a personas sin recursos para que prestaran su identidad a cambio de pequeñas cantidades de dinero. A su nombre se registraban vehículos importados de distintos países de la Unión Europea, lo que permitía a los verdaderos propietarios —miembros de organizaciones dedicadas al narcotráfico— ocultar su rastro.
En otros casos, la red utilizaba documentación obtenida sin el consentimiento de sus legítimos dueños para completar trámites de matriculación fraudulentos.
Entre los investigados figuran gestores, empleados de gestorías, intermediarios de compraventa de vehículos y ciudadanos sin antecedentes policiales previos
Los vehículos, adquiridos por testaferros españoles, eran rápidamente rematriculados en España y sometidos a numerosos cambios de titularidad en cuestión de días para dificultar su seguimiento. Varias gestorías colaboraban con la red, encargándose de validar identidades que no correspondían a los supuestos titulares, manipular documentos y agilizar todos los trámites administrativos necesarios.
En la parte alta del organigrama figuraban individuos vinculados al narcotráfico, considerados los auténticos propietarios y usuarios de los vehículos de lujo. Para no aparecer en ninguna base de datos, delegaban en toda la estructura de testaferros, intermediarios y gestorías que actuaba como escudo protector.
La complejidad y extensión nacional de la trama exigió la participación de una decena de comisarías de la Policía Nacional en diferentes puntos del país, coordinadas por la Udef de Algeciras.
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