La nueva Ley de Multirreincidencia castigará el petaqueo con entre tres y cinco años de cárcel

La Ley de Multirreincidencia, aprobada este jueves en el Congreso, castigará la práctica del petaqueo, el suministro de combustible a narcolanchas, con penas de entre tres y cinco años de cárcel. Esta medida da respuesta a las demandas de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad para perseguir penalmente una actividad íntimamente ligada al narcotráfico y el contrabando de tabaco, dos de los principales focos de las organizaciones criminales que actuán en el sur de Andalucía y el Campo de Gibraltar.

El petaqueo es el término con el que se conoce al uso de embarcaciones petaqueras o guarderías que en alta mar surten de bidones de combustible, las petacas, a las narcolanchas. También se castigarán los robos en el campo de material y herramientas.

Fuentes del Ministerio del Interior han destacado a EFE que este nuevo tipo penal, que está incluido en la Ley de Multirreincidencia impulsada por Junts, una norma que tras un año encallada en el Congreso ha sido aprobada con el voto de PSOE, PP, Vox y el PNV, y debe ahora pasar por el Senado antes de entrar en vigor.

El ministerio que encabeza Fernando Grande-Marlaska ha señalado que este nuevo delito castiga la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte o suministro de cualquier forma de combustibles líquidos al margen de los supuestos legalmente permitidos, que genere un riesgo para la vida, la integridad física o la salud de las personas, o para el medio ambiente.

Esta medida, sostienen, complementa el real decreto ley aprobado en octubre de 2018 que calificó las embarcaciones rápidas como género prohibido. Combatiendo el petaqueo, se busca "anular la capacidad de proyección y la autonomía de las embarcaciones de alta velocidad que utilizan las organizaciones criminales en el transporte de la droga", explican las misas fuentes.

De la envergadura de esta actividad dan muestra los 683.000 litros de gasolina aprehendidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado entre enero y octubre de 2025 en las seis provincias afectadas por el plan especial de seguridad Campo de Gibraltar, Cádiz, Huelva, Málaga, Almería, Granada y Sevilla.

Interior destaca además que el petaqueo tiene también un impacto ambiental directo porque se vierte combustible en zonas protegidas y también es una práctica habitual arrojar las garrafas al mar tras el repostaje.

Además, el almacenamiento irregular de grandes cantidades de combustible en naves, garajes, trasteros e incluso viviendas, así como su transporte por carretera incrementan la probabilidad de incidentes graves, lo que conlleva afectación de la seguridad y salud públicas.

Fin a la controversia

La nueva Ley de Multrreincidencia va a poner fin a la controversia que existía en cuanto a la consideración del petaqueo como delito, desde que el Plenillo de jueces y magistrados de Cádiz así lo decidiera tras un intenso debate y una ajustada votación el 10 de abril de 2025.

El criterio imperante hasta ese momento en los tribunales era considerar el suministro de combustible al narco como una falta administrativa sin sanción penal, pero desde entonces se han dado pasos en favor de castigar con prisión esa práctica... hasta el paso definitivo dado en el Congreso. El paso inicial fue dado por la Fiscalía Antidroga, secundada poco después con una sólida argumentación por la Sección 7ª de la Audiencia de Cádiz –la Séptima de Caballería, con sede en Algeciras– y, más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que el pasado mes de enero hizo doctrina en su ámbito competencial. Todos esas instancias consideran que el almacenamiento, transporte y suministro de combustible constituye una triada delictiva, conforme al artículo 568 del Código Penal, puesto que los responsables de esas actividades ponen en peligro a personas y a bienes de forma plenamente consciente. El pasado 15 de enero, la Sala de Apelaciones del TSJA revocó una sentencia absolutoria por petaqueo de la Sección 4ª de la Audiencia de Cádiz –con sede en la capital de la provincia– y condenó por ello a un individuo a cuatro años de prisión.

Con todo, existía una disparirdad de criterios que esta nueva ley resolverá de una vez por todas.