Archivada la causa contra el dueño de un barco sospechoso por cruzar migrantes en el Estrecho

El Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta ha archivado la causa contra el propietario de una embarcación que fue intervenida el pasado 7 de octubre en el marco de una operación contra el tráfico ilegal de migrantes a través del Estrecho de Gibraltar. En su resolución, desvelada por El Faro de Ceuta, el juez es rotundo: el caso "no tiene absolutamente nada que ver con un delito de tráfico de personas" y "no queda acreditada su participación en los hechos".

La decisión judicial contrasta con la nota de prensa difundida por la Jefatura Superior de Policía, en la que se sigue presentando al dueño del barco como detenido e implicado en el delito, citando "indicios sólidos de su participación". Sin embargo, ese comunicado policial está ya caduco desde que la autoridad judicial dictó el auto de archivo y ordenó la devolución de la embarcación intervenida.

El propietario de la embarcación, que inicialmente fue detenido junto a otra persona, ha sido defendido por el abogado, quien ha logrado que se reconozca judicialmente su falta de implicación en los hechos.

Un único condenado en el caso

La investigación ha concluido con un solo condenado: M.S., quien actuaba como piloto de la embarcación. Ha sido penado como autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros a 7 meses y 15 días de prisión.

Según quedó acreditado en el procedimiento judicial, el 7 de octubre, alrededor de las 19:30, el acusado pretendía trasladar ilegalmente a dos inmigrantes marroquíes —uno de ellos menor de edad— desde el puerto deportivo de Ceuta hasta la península a cambio de una cantidad no determinada de dinero.

El condenado aprovechó que la embarcación se encontraba en uno de los pantalanes con el motor en marcha para intentar echarse a la mar. La Policía Nacional logró interceptar la maniobra, deteniendo al piloto, identificando al menor e interviniendo también a un inmigrante adulto.

Suspensión de la pena de prisión

Al tratarse de una condena inferior a dos años, se ha aplicado la reducción de un tercio por conformidad, quedando finalmente en 5 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena.

No obstante, la pena de prisión ha sido suspendida por un plazo de dos años, con el apercibimiento de que en caso de quebrantamiento de la suspensión se decretaría su inmediato ingreso en prisión.